Por: Valentín Varillas
Dos milagrosas apariciones en el bando crítico al gobierno estatal tuvieron lugar en el marco de la conmemoración de un año del asesinato de José Luis Tehuatlie Tamayo a manos de policías estatales.
Rafael Micalco y José Juan Espinosa se sumaron a las acciones de protesta por la impunidad que ha rodeado este penoso caso de abuso de autoridad que, aunque no lo quieran ver, sigue siendo una vergüenza para el estado.
Parece ser que ambos se contagiaron del virus de la siempre convenenciera bipolaridad política.
Ninguno de ellos, en su momento, tuvo los arrestos para criticar el actuar de las autoridades estatales, mucho menos las claras y yemas necesarias para llamar las cosas por su nombre.
En el caso del todavía líder estatal del PAN, se sumó a defender la mentirosa versión oficial de los hechos.
Entusiasta, se amparó en la aplicación estricta del estado de derecho” y avaló la burda prostitución de las instituciones del estado que pretendieron criminalizar a los protagonistas de la protesta, a la madre del menor y hasta al niño asesinado.
Jamás una crítica siquiera velada al actuar de los policías que encabezaron el desalojo.
Tampoco una frase pública que condenara a quienes ordenaron el operativo.
Ni pensar en una autocrítica, aunque fuera leve, al actuar de un gobierno emanado de las filas del partido que encabeza.
Eran los tiempos en donde la relación de Micalco con el grupo en el poder se endulzaba con el néctar de la complicidad y los beneficios mutuos.
Penoso.
Hoy que esa relación se ha roto irremediablemente, viene el súbito y a todas luces falso destello de congruencia.
Es entonces cuando la memoria se reactiva en aras de lucrar política y mediáticamente con un escándalo del que se fue cómplice, intentando apostarle a la amnesia colectiva.
El acto de llevar a comer a doña Elia Tamayo e invitar a la prensa como testigo es deleznable y no alcanza para evadir responsabilidades ni enjuagar conciencias.
El caso del alcalde de San Pedro es muy similar.
Jamás una crítica al gobierno y su actuar en el caso Chalchihuapan.
Mucho menos una palabra de aliento o simpatía a la madre que perdió a un hijo como consecuencia de la represión oficial, algo no solo deseable sino exigible en un gobierno que se dice de izquierda.
En pleno escándalo desatado por el asesinato de José Luis, Espinosa Torres se paseaba en giras con lo más granado del morenovallismo para supervisar las obras del Puente de Cholula y se frotaba las manos ante los potenciales beneficios que para él representaría el desarrollo del Parque de las 7 Culturas, planeado en complicidad con el gobierno estatal.
Nunca quiso hablar públicamente del tema ni condenó los hechos.
A un año de distancia, enfrentado con el grupo en el poder, se acerca a Elia Tamayo, finge una solidaridad inexistente e inunda su cuenta en Twitter con hipócritas fotos abrazado de ella.
¿Por qué no lo hizo en su momento?
Espinosa tiene también un cadáver en su clóset.
Por más intentos de sepultar mediáticamente el tema del asesinato de Ricardo Cadena, el caso sigue indignando a la sociedad cholulteca.
Al igual que en Chalchihuapan se intentó torcer la versión oficial de los hechos alegando que el joven murió por un disparo accidental del subdirector de seguridad pública, nombrado directamente por el alcalde.
Lo cierto es que Cadena se rehusó a ser extorsionado por el uniformado, una práctica común de los cuerpos de seguridad en ese municipio.
Qué bueno que cada vez más figuras de la política y la sociedad poblana se indignen por lo sucedido en Chalchihuapan.
Qué malo que esta indignación sea falsa y obedezca a mezquinos intereses.
