La rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha permitido el ingreso de más empresas de outsourcing a diferentes áreas universitarias, lo cual pone en riesgo la estabilidad de los empleados.
Si bien desde 2008, bajo el rectorado de Enrique Agüera Ibáñez, se trasladó el manejo de las Farmacias Fleming a empresas externas, ahora este modelo se replicó en el área de Extensión Unviersitaria.
Esto lo denunció Abelardo Cuéllar, abogado de diferentes movilizaciones de trabajadores de la universidad, quien explicó que con esto ahora los trabajadores, tanto de confianza como de base, podrían estar en riesgo de ser despedidos, pues los nuevos jefes podrían recurrir a sus bajas para traer a nuevo personal.
A esto se suma, el hecho de que empleados son hostigados directamente por Caretino Bravo Tlacatelpa, quien labora en la oficina de la abogada general de la universidad; Cuéllar explicó que este funcionario amenaza a los trabajadores con despedirlos, e incluso cuando llega a darlos de baja llega con elementos de seguridad y les impide cumplir con sus obligaciones laborales.
“Lo responsabilizamos de el clima de enfrentamiento que se pueda generar en la universidad, nosotros estamos con el ánimo de tocar puertas y que los derechos de los trabajadores se respeten”, señaló el abogado.
Lo anterior lo comentó durante una manifestación que tuvieron los integrantes del frente Jubilados Unidos Buap a las afueras de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), en la cual se dieron reportes sobre la demanda laboral que se presentará en contra de la univerisdad.
Originalmente se tenía programado que sería este martes cuando se entregaría esta demanda ante el organismo laboral, sin embargo, se decidió aplazar la presentación de la misma hasta juntar las 290 firmas de los jubilados que aprobaron recurrir a esta acción.
Cuéllar detalló que hasta ayer al mediodía se tenían 200 firmas, por lo que se daría una semana más a los jubilados para signar el oficio y presentar su documentación para así abarcar a la mayor cantidad de afectados posibles.
Recordó que la demanda abarca dos cuestiones primordiales, en primer lugar la equiparación del aumento salarial para los jubilados, de manera que se alcance el 8 por ciento que se le dio a los trabajadores en activo.
En segundo lugar, se exige a las autoridades universitarias la transparencia en el manejo del fideicomiso de pensiones, pues a pesar de que cada quincena a los trabajadores jubilados y en activo se les descuenta alrededor del 4 por ciento de su salario para este fondo, desconocen sus derechos y obligaciones con el mismo.
Añadió que aunque las autoridades se justifican con el argumento de que la información está disponible en el portal de transparencia, lo que se exige es mayor claridad en los estados financieros y las reglas de operación del fideicomiso.
Todo esto se integra en la demanda que será presentada el próximo 7 de julio, tras lo cual los jubilados anunciaron que realizarán manifestaciones mensuales en la JLCA durante el tiempo que lleve el análisis del caso, para evitar que las autoridades den largas en el mismo.
