A partir de este escenario se debate la renuncia del Presidente del INE. Algunos no dudan que debe renunciar y otros son escépticos porque sostienen que los comentarios no son trascendentales. Algunos más, no obstante, creemos que Córdova Vianello ha perdido confianza como árbitro electoral y su presidencia se ha debilitado. Por ese motivo, habría que reflexionar si su renuncia contribuiría al fortalecimiento de la institución y no a su (ya de por sí) patente debilitamiento. El árbitro electoral debe contar con el apoyo de todos los actores políticos (los que, dicho sea de paso, no se reducen a los partidos políticos); en esa medida, la renuncia del consejero presidente podría ser una señal benéfica a favor del INE y en contra de quienes debilitan a la institución. Pero también habría que ponderar si la renuncia abre la puerta a que, quienes se sienten incómodos con la presidencia de Córdova y que seguramente son quienes difundieron los audios, impongan a otro personaje más afín a sus intereses.
Mucho habla de la democracia mexicana el hecho de que el árbitro electoral sea espiado y que el audio sea difundido. Quien espió a Lorenzo Córdova cometió un delito. La situación es doblemente peligrosa: si fue el gobierno, el Secretario de Gobernación o el Presidente de la República tendrían que renunciar a su cargo. Espiar a los actores políticos es algo que todos imaginamos, pero que, cuando se conoce un caso, el Estado debe responder por ello. La renuncia del Presidente del INE tendría que ir acompañada por la del Secretario de Gobernación o el Presidente Peña (el caso más conocido de una acción similar es el de Richard Nixon en Estados Unidos).
No obstante lo anterior, si el gobierno no fue quien espió al Presidente del INE, entonces también corresponde al Estado aclarar por qué alguien espía a los actores políticos sin cumplir con las formalidades que exige la ley. Si fue el Partido Verde, como muchos lo sugieren —aunque no lo mencionen—, al Estado corresponde señalar y castigar a los responsables, así como explicar por qué se ha visto rebasado y los servicios de inteligencia del país han sido incapaces de detectar y avisar de estas actividades que debilitan a las instituciones.
Mención aparte merecen los inquisidores, defensores de la moralidad, que han encontrado un nuevo escenario para rasgarse las vestiduras y señalar al Presidente del INE por un comentario clasista. Independientemente del caso concreto, ellos no aceptan error, desliz, comentario, visión, ideología, insinuación, actitud, acción o posición que no encuadre en su forma de entender la política y la sociedad en México. Ni a la política ni a la sociedad mexicana conviene el linchamiento que algunos justifican, de la misma manera que se justificaba la santa inquisición hace algunos siglos o de la misma forma en que en los regímenes totalitarios justificaban su defensa de la moral. Los inquisidores no encontrarán satisfacción a sus demandas en ninguna acción política. En todo caso, su posición fundamentalista muestra una sociedad de extremos, donde cualquier actividad del “enemigo” merece la “sangre”, aunque las afrentas reales las olviden pronto. Su actitud pone sobre la mesa, una vez más, un problema mayor: hay un tejido social roto y una ausencia de confianza en las instituciones y en toda la política nacional. Los inquisidores claman destruir instituciones (algunas de las cuales, efectivamente, hay que eliminar), pero no ofrecen una solución alterna. Construir la democracia no es una cuestión que exija su atención.
