Con 33 votos a favor, una abstención y 2 votos en contra, se aprobó en el pleno del Congreso del estado la reforma constitucional para la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción.
La propuesta fue criticada por los integrantes de la bancada del Partido del Trabajo, así como el diputado Julián Peña de Movimiento Ciudadano, quienes la calificaron como incompleta.
Incluso Mariano Reyes, del PT, acusó que la aprobación de la iniciativa tiene un fin electorero, pues no entra al fondo del asunto e incluso deja impune al presidente de la república a pesar de las irregularidades que se han detectado en su administración en los últimos meses.
Incluso calificó la ley como “mediocre” y que se queda “a medias”, posición que respaldó su compañera de bancada Lizeth Sánchez García.
Por su parte, Julián Peña acusó, en primer lugar, que sólo se le dio un día a los diputados para leer y analizar el dictamen, por lo que no hubo tiempo suficiente para hacer los análisis y cuestionamientos sobre el mismo, por lo que lamentó la forma en la que se está legislando en el Congreso actual.
Sobre la iniciativa puntualmente criticó, al igual que los diputados del PT, el hecho de que se deja sin castigo alguno al titular del Ejecutivo federal en caso de incurrir en actos de corrupción.
Los posicionamientos de los diputados de las izquierdas causaron malestar en los grupos mayoritarios del Congreso, pues tanto el PRI como el PAN salieron a la defensa de la misma.
Pablo Fernández del Campo, por ejemplo, subió a la tribuna para acusar que el hecho de referirse al presidente Enrique Peña Nieto al discutir el asunto sólo era con un fin proselitista y que nada tenía que ver con el debate legislativo.
“Lo que me parece políticamente inadecuado es que de cara a una coyuntura electoral que está a tres semanas, estemos aquí usando la figura del ejecutivo o federal para hacer señalamientos que están fuera de lugar”, criticó el priísta.
A él se sumó el panista Eukid Castañón Herrera, quien calificó como irresponsables a los diputados que cuestionaron la propuesta al decir que sí ellos no tuvieron la iniciativa de acudir al Congreso de la Unión para plantear sus preguntas y dudas durante el análisis que se hizo desde esa tribuna, no pueden ahora criticar sin fundamento esta nueva ley.
Una postura más mesurada manifestó Pablo Rodríguez Regordosa, quien en un papel mediador subió a la tribuna desde donde reconoció que la reforma “no es lo que esperamos, no es lo que requiere el país de fondo pero ya quedó”, con lo cual, dijo, se da un primer paso y posteriormente se pueden hacer los ajustes que se consideren necesarios.
Con la aprobación de esta reforma, ahora le corresponde a Puebla crear un consejo rector para el nuevo sistema anticorrupción, además de conformar órganos de control interno en las dependencias de gobierno para tener una vigilancia estrecha del ejercicio de los recursos, explicó la diputada Patricia Leal Islas.
