Jefe de Prensa del Movimiento Antorchista Nacional
Hace algunas semanas, el gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, gastó varios cientos de miles de pesos del presupuesto público para pagar una campaña de medios, donde sostuvo que no hay presencia de El Yunque en su gabinete; esto, en respuesta a la información revelada en el libro de reciente aparición: El Yunque, la ultraderecha en Querétaro, escrito por el periodista Lauro Jiménez Jiménez, que contiene una investigación en la que se revela que altos funcionarios del gobierno estatal pertenecen a ese grupo ultraderechista, “entre ellos el cerebro estratégico del grupo, Alfredo Botello –Secretario de Gobierno- y sus compinches Felipe Urbiola, Jesús Carlos Hernández (ambos, Subsecretarios de Gobierno) y Simón Guerrero, entre otros, a quienes los define un origen común: el sinarquismo (o sea El Yunque)”.
La campaña de Garrido para deslindarse del yunquismo, con el que ha marchado tomado de la mano todo su sexenio, resultó absolutamente infructuosa, pues el libro se basa, entre otras evidencias, en documentos conservados en el Archivo General de la Nación, en los que algunos mandos de la Dirección Federal de Seguridad dan cuenta de la detención de Botello y de otros de los actuales conductores de la política queretana, cuando se disponían a participar en operativos violentos, como parte de las actividades de esa organización derechista durante los años 70. El gobernador podrá alegar que ese grupo no existe, o que, en caso de existir, no está enterado de que sus actuales operadores en la Secretaría de Gobierno hayan sido parte del mismo; dudo que lo desconociera, pero si ese fuera el caso, lo que no está a discusión es que el desempeño reciente de esos funcionarios ha contado con la venía del gobernador y que se han puesto de acuerdo con él para convertir a Querétaro en un lugar donde la arbitrariedad no tiene más límites que la voluntad de esa dupla.
A su triste celebridad de represor de movimientos sociales, Garrido Patrón agregó recientemente un record que lo retrata de cuerpo entero, a él y a sus aliados yunquistas: según el IFE, es el funcionario que más ha violado el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe la promoción personal de servidores públicos con recursos del erario, lo que indica claramente el nulo respeto que el gobernador queretano le tiene a la ley máxima.
Con estos antecedentes, de ultraderechista y transgresor de la Constitución, no resulta raro lo que ocurre frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, donde un grupo de queretanos demanda a las autoridades federales que los proteja de Garrido y su banda. En efecto, desde hace ocho días, cientos de personas permanecen en un plantón permanente en la calle de Bucareli, exactamente en el mismo lugar en que una enorme valla y un destacamento de granaderos les bloquearon el paso hacia las oficinas de Juan Camilo Mouriño, el titular de esa dependencia, encargada por ley de atender los problemas políticos que no encuentran cauce en las entidades federativas; como en este caso, en el que el gobernador de Querétaro y su Secretario de Gobierno han despojado de un pozo de agua al pueblo de La Piedad, municipio de El Marqués (del que se había apropiado y sacaba jugosas ganancias un cuñado de Botello); han convertido en presos políticos a 14 personas de esa comunidad, que se opusieron al despojo y ahora están en el Penal de San José El Alto, pues, siguiendo órdenes de Garrido y Botello, el “Procurador de Justicia” les ha fabricado delitos espeluznantes, como “sabotaje, intento de devastación y resistencia de particulares a la autoridad”-, y ha mandado a la policía judicial a perseguir a Jerónimo Gurrola Grave, dirigente de Antorcha Campesina, la única organización que sacó la cara por esa comunidad atropellada por el poder, y a Yesenia Valdés, joven abogada que es la representante legal de quienes defienden el pozo que construyeron con sus manos y su dinero.
No cabe duda, pues, la ultraderecha, esa forma antidemocrática, negada públicamente pero aceptada convenencieramente por debajo del agua por algunos políticos, con tal de hacerse del poder y conservarlo a toda costa; ese tumor maligno del que se deslindaron y al que combatieron para poder llegar a sus actuales cargos el presidente de la república y los dirigentes del panismo nacional, sigue actuando a sus anchas en Querétaro, donde los gobernantes encarcelan a inocentes, persiguen a líderes sociales, prostituyen la ley en todas las modalidades posibles y han convertido a varios jueces en simples topiles a su servicio. Todo, repito, a ciencia y paciencia del panismo y del gobierno federal, que llegaron al poder denunciando los atropellos que antaño sufrimos los mexicanos.
A pesar de la gravedad de la situación, de que es público y comprobado el carácter agresivo y arbitrario de los gobernantes de Querétaro, nadie de la Secretaría de Gobernación ha intervenido para liberar a los presos políticos y detener los atropellos. Si ningún funcionario federal se digna atender a las víctimas, a pesar de que tienen un plantón a cien metros de donde despacha el encargado de la gobernabilidad del país, la falta de respuesta exhibirá una elusión por parte de éste, de su responsabilidad de atender los reclamos de ciudadanos queretanos atropellados en sus derechos, que sólo podrá ser interpretada como apoyo a sus correligionarios represores, lo que sería un hecho gravísimo para la salud de nuestro país y un elemento adicional para elevar la temperatura del caldero en que se ha convertido la política nacional. La falta de intervención inteligente y oportuna del gobierno federal, para desmantelar un abuso de poder y corregir un error político que fue aconsejado por la soberbia de quienes gobiernan Querétaro, sólo aumentará la escala y la duración del conflicto. El Secretario de Gobernación tiene la palabra.
