Es cierto que es una violación a la ley y se afectan derechos de terceros al bloquear vías de comunicación; también lo es no hay formas de evitar dichos bloqueos o dispersarlos.
Es obvio que el actuar de funcionarios y de las fuerzas policíacas tienen el visto bueno de quien ejerce el poder en el estado, pero quienes están al frente de tales decisiones y acciones son los titulares de las dependencias respectivas, así que en caso de una queja o denuncia formal se va sobre estos personajes y no sobre quien está al frente del poder, es decir del gobierno.
Además, el mismo mandatario poblano van dos ocasiones en las que se librera de lo sucedido.
Una, cuando el homicidio de Karla López Albert no era solucionado después de un mes de ocurrido, el gobernador Rafael Moreno Valle dijo “¿Qué más puedo hacer?”
Y dos, la semana pasada ante actuar de la policía (con gases lacrimógenos, balas de goma) en contra de los manifestantes de Chalchihuapan, el gobernador ahora dice: “ellos (los manifestantes) son los que están violando el Estado de Derecho”.
Con tales declaraciones, aunado a quiénes están al frente de tales operativos, es obvio que difícilmente puede señalarse legalmente al gobernador de ser el responsable de dichas acciones en contra de la población.
Puede estar justificado retirar el Registro Civil a las presidencias municipales auxiliares y que esté bajo el control del Estado, pues se ha detectado que en esas poblaciones es donde más se expiden documentos apócrifos -actas de nacimiento- a inmigrantes centroamericanos ilegales, que se registran como mexicanos y así se pueden quedar en México o incluso migrar a Estados Unidos.
Sin embargo, el gobierno estatal falló en lo aplicar una estrategia para informar sobre ese retiro del Registro Civil (pues la ley fue aprobada a finales de 2013).
También falló el gobierno estatal en no haber preparado todo el operativo y estructura para dar ese servicio del Registro Civil en las más de 600 juntas auxiliares en el estado de Puebla.
Dejó pasar más de seis meses y al entrar en vigor el retiro de dicho servicio no se hizo esperar la queja de los habitantes de dichas localidades.
Se les obliga a los pobladores a trasladarse a la Presidencia Municipal que le corresponda o hasta la misma capital poblana para que acudan a registrar a niños, jóvenes o adultos; gestionar matrimonios civiles o actas de defunción.
Pero ni en dichas oficinas centrales están preparadas, con equipo y personal, para atender a decenas, cientos de personas que requieren efectuar un trámite civil.
Esos traslados significan varias horas de viaje y un gasto económico elevado para la mayoría de personas que son de escasos recursos.
La única “concesión” que hizo el gobierno estatal fue que durante el segundo semestre de este 2014 todas las actas de nacimiento de niños menores de cinco años serían gratis. Nada más.
El gobierno lo único que previó fue la inconformidad que generaría la medida de ahí su urgencia porque fuera aprobada, hace un mes, la conocida “Ley Bala”, en la que precisamente se le da facultades a las fuerzas policiacas de actuar en contra de la población con toda la fuerza, que incluye balas de goma.
Así que en Puebla el estado opta por la fuerza pública en lugar del diálogo, de gobernar, de ejercer la política.
Y en medio de todo esto hay un silencio cómplice de los organismos que se dicen “representantes de la sociedad”, que se dicen “intermediarios de la sociedad”, como el Consejo Coordinador Empresarial y otras cámaras empresariales, agrupaciones civiles como Actívate x Puebla, y hasta las agrupaciones que se dicen “de izquierda”.
Ninguna persona u organismo ha salido a cuestionar el actuar de la policía; la falta de preparación de los uniformados para contener y dispersar una manifestación.
En Puebla impera la ley del garrote.
