Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional
Es un hecho que las manifestaciones populares, cuando son auténticas y no promovidas desde el poder, siempre son tratadas con hostilidad, casi como un delito que merece una sanción severa para escarmiento de intentonas futuras. Lo primero que se aprecia en estos casos, es el ataque de cierta jauría mediática al servicio del poder que, echando mano de sus mejores recursos lingüísticos y de estilo en materia de injurias, tergiversación de hechos y acusaciones gratuitas, se lanza contra los manifestantes subrayando el “caos vial” que provocan, la “violación impune al derecho de los demás al libre tránsito”, pero dejando siempre en la oscuridad más absoluta la causa que provoca la inconformidad y la protesta. Se publican entrevistas “ad hoc” para “probar” que la gente ignora por qué marcha, que es gente que asiste porque le prometen una torta y un refresco, y, para rematar, se inventa una “biografía” al vapor de los dirigentes, que siempre resultan unos pillos de siete suelas que “lucran con la pobreza de la gente”, sinvergüenzas que timan y roban a quienes confían en ellos y “reos de muchos otros delitos graves” que merecen la horca, o, cuando menos, cadena perpetua.
Vienen luego las declaraciones, hechas con mesura y grave continente por el señor del gran poder (y recogidas con acatamiento y reverencia por los medios como la verdad revelada, por más que la mentira y el absurdo salten a la vista), según las cuales su preocupación y motivo único de sus desvelos es el bienestar de sus gobernados; que su administración aplica hasta el último centavo en “obras de beneficio social”, y que siempre ha atendido las peticiones de la población, “sin distingos de credo religioso o colores partidarios”, cuando dichas peticiones son justas y están al alcance de su presupuesto. En consecuencia, cae de su peso que no hay ninguna razón válida para la protesta pública; que quienes usan ese reprobable recurso persiguen “fines inconfesables” y que, por tanto, “su” gobierno “no cederá a presiones ni a chantajes”. Y colorín colorado.
Doy dos ejemplos actuales. En Cuernavaca, Morelos, hay un grupo de colonos de muy bajos ingresos que lleva más de 20 años tratando de regularizar su estancia en un predio propiedad de lo que fue Ferrocarriles Nacionales de México. El gobernador actual, Lic. Marco Antonio Adame Castillo, panista por cierto, se comprometió seriamente con ellos a legalizar la propiedad y a entregar las escrituras correspondientes. Además, después de más de dos años de gestiones, de promesas, incluso de visitas físicas a predios con posibilidades de ser habitados, se comprometió a dotar con lotes de interés social a 300 familias de escasos recursos. El plazo, en ambos casos, fue fijado por el gobernador. Pues bien, nada de eso se ha cumplido; y ahora que los engañados se plantaron para protestar por el engaño, sólo reciben injurias, calumnias y amenazas a través de los “medios” oficialistas, mientras los funcionarios los acusan de intransigentes y mentirosos. El segundo caso es el del gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy Rangel. Dieciocho meses de plantón llevan los antorchistas de aquel estado, en demanda de que se cumpla una minuta de acuerdos firmada por el también perredista Lázaro Cárdenas Batel en 2005, y cuya demanda central son lotes de interés social para familias pobres. Recién arribado al poder, Godoy Rangel dijo que “revisaría” los compromisos para ver qué se podía cumplir; luego pasó a afirmar que ya se había “atendido” más del 80 por ciento y, finalmente, la semana pasada, su Secretario General de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, de plano salió a reconocer que nada se ha cumplido, pero que tampoco cumplirán por “razones” que son una injuria no sólo para los antorchistas michoacanos, sino para los de todo el país. Dijo que Antorcha “lucra” con los lotes, que tiene un adeudo por créditos de vivienda que se niega a pagar y que, ¡claro! ellos “no cederán a chantajes”.
No me interesa, por ahora, rebatir tales canalladas; ya Jesús Valencia, líder del antorchismo michoacano, hizo lo conducente allá donde interesa desenmascarar a los mentirosos. Aquí quiero destacar tres cosas: primera, que en los dos casos que cito, el centro del conflicto es la negativa rotunda a dar lotes de interés social a la gente pobre; segunda, la similitud de trato de panistas y perredistas en el poder y, tercera, el idéntico odio a la protesta ciudadana, a la que califican de “chantaje”. Es evidente que, con independencia del partido a que pertenezcan, los gobernantes han renunciado, por sí y ante sí, a la obligación de dotar con vivienda a los más necesitados, y han dejado el problema en manos de las poderosas constructoras de “casas de interés social”. También, que hay consenso entre ellos de que la protesta ciudadana es un molesto obstáculo para ejercer el poder a capricho, sin cortapisas y a favor de quienes los llevaron al poder; y una amenaza futura, por cuanto que despierta y organiza al pueblo y lo vuelve insumiso y exigente. Por tanto, que mientras se modifica la ley, hay que pasar por encima de ella reprimiendo y negándose en redondo a resolver las demandas de la gente.
Finalmente, se demuestra que la democracia al uso no garantiza la llegada al poder a hombres inteligentes y sensibles a las tribulaciones de las mayorías; por el contrario, asegura los más altos puestos de mando a los partidarios del “principio de autoridad”, a los más arrogantes, dogmáticos y tozudos, como el gobernador perredista de Michoacán o el panista de Querétaro. Equivocamos el camino porque los partidos políticos no eligen candidatos entre sus hombres más buenos, nobles y sabios, sino entre quienes saben ejercer “mano dura” contra los inconformes, tengan o no razón. Así pues, urge un cambio radical que reconozca al pueblo no sólo el derecho a elegir gobernantes, sino, antes que eso y como garantía de éxito, a los propios candidatos a los puestos de mando. Sin eso, seguiremos votando hoy por “demócratas” de oportunidad, que serán nuestros verdugos de mañana.
