Lo anterior llama la atención porque, como le comentaba en una entrega anterior, desde el nivel más alto de la morenovallista Procuraduría de Justicia del Estado se dio la orden de congelar todas las denuncias presentadas en contra de Alde.
Y así se ha hecho.
Resulta por lo menos curioso el hecho de que la hermana de uno de los personajes etiquetados como “enemigo del régimen” tenga tanta influencia y disfrute de los beneficios de contar con magníficas relaciones con funcionarios de peso en la PGJ.
Además de lo anterior, el fraude inmobiliario debe de analizarse también bajo otros aspectos de la corrupción oficial.
Al amparo de la protección de autoridades estatales y del municipio de San Andrés Cholula, ambos proyectos avanzaron en su construcción sin tener siquiera la documentación oficial básica.
Nunca hubo licencias de construcción, ni estudios de factibilidad de agua (Soapach), mucho menos alineamientos ni números oficiales.
De las poquísimas casas terminadas-gancho para atraer a más incautos- jamás se expidieron los avisos de terminación, fundamentales para la contratación de servicios.
Increíble.
El trato preferencial a Grupo Alde por parte de la administración de Miguel Ángel Huepa, lleva el apestoso tufo de la mordida y el cochupo.
¿Cuántos millones habrá costado semejante impunidad?
El problema para los defraudados es que parece muy complicado que en el corto plazo encuentren una solución.
La totalidad de los terrenos y casas construidas en ambos desarrollos están dados en garantía de créditos hipotecarios con instituciones bancarias como Santander y HSBC, quienes en poco tiempo tomarán posesión de todo.
Con ellos tendrán que negociar.
Los defraudados, una vez que se han presentado las denuncias, se han dado cuenta que una misma casa o terreno fueron vendidos hasta en 6 ocasiones a diferentes personas, lo que demuestra el dolo con el que actuaron Eugenio Albo Urías y Eugenio Albo Moreno
Por cierto, una vez detonado el escándalo mediático, un nuevo personaje ha aparecido en esta historia.
Se trata del abogado Francisco Javier Préstamo, dueño de Target Inmobiliaria, quien asegura haber comprado los fraccionamientos a Grupo Alde, con todo y sus deudas y problemas.
Este individuo ha emprendido una estrategia que se centra en la negociación de la deuda al 50% de su valor, en pagos inmediatos y sin mayores trámites, lo que resulta una auténtica burla para los defraudados.
Él jura que nada tiene que ver con Eugenio Albo, pero es un secreto a voces en el mundo inmobiliario que es sólo un prestanombres enviado a dar la cara y tratar de bajar la presión social y mediática que ya existe en este tema.
El fraude de Grupo Alde, como otros muchos que se han dado en los últimos años en el mundo financiero e inmobiliario de Puebla, pudo haberse evitado o al menos minimizado, si las autoridades en los distintos niveles hubieran actuado a tiempo y de acuerdo a su ámbito de competencia.
El costo de no hacerlo ha sido monumental, tanto en lo económico como en lo social.
El número total de afectados supera los 500 y muchos de ellos perdieron un patrimonio forjado a lo largo de toda la vida, mientras los responsables gozan de absoluta impunidad.
