Además del título de concesión del Soapap y el Metrobús, y de los contratos de realización de obra pública bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), la firma White & Case (W&C), donde es socio Corta Fernández, se encargó de uno de los proyectos prioritarios para el gobierno estatal al inicio de esta administración: la rescisión de la concesión entregada a la empresa Degrémont, a través de su filial, TAPSA (Tratamiento de Agua de Puebla S.A.) para operar por 20 años las plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en los municipios de Puebla, Cuautlancingo y San Andrés Cholula.
En su página de Internet,W&C destaca este hecho y lo utiliza como herramienta publicitaria:
“SOAPAP (2011–2012). We represented Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla in connection with the early termination of an agreement for the provision of servicies related to the design, financing, construction, equipment and implementation of four treatment plants, including its operation and maintenance for 20 years”.
La firma resalta que representó al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla para lograr la terminación anticipada de un acuerdo de prestación de servicios relacionado con el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento e implementación de cuatro plantas de tratamiento, incluyendo su operación y mantenimiento por 20 años.
Desde principios de 2011, el gobierno estatal hizo evidente su intención de revertir la concesión basándose en el incumplimiento del compromiso contractual de sanear las cuencas del Atoyac y el Alseseca y en los “serios” problemas operativos que enfrentaba la empresa, que cobraba cerca de 12 millones de pesos mensuales por sus servicios.
El 21 de febrero de 2012, el Soapap recuperó el control de la operación de las plantas, después de una resolución tomada por los integrantes de su Consejo y notificó a TAPSA la terminación del contrato.
En marzo de 2012, el Juez Noveno de Distrito en Puebla negó a la empresa la suspensión definitiva solicitada contra la recuperación de la operación de las plantas argumentando que si éstas regresaban al control de la filial de Degrémont, habría “potenciales afectaciones al interés social”.
Los servicios prestados por White & Case en la rescisión del contrato a Degrémont fueron calificados en su momento como “muy valiosos” por personajes del círculo más íntimo del gobernador Moreno Valle y se convirtieron en la justificación perfecta para que a la postre se convirtiera en las firma consentida de la actual administración.
Las ligas siguen y el clásico insiste: “follow the money”.
