Todo empezó en el 2003 con el despido injustificado de un grupo de maestras por parte de la directora Rosa Marina Alarcón Rodríguez Pacheco.
Tres de estas docentes: Olga Alicia Sánchez Vélez; Concepción Leyva Orihuela y Gloria Suyapa Trochez Velázquez, lejos de cruzarse de brazos ante el abuso, dieron inicio a los procedimientos laborales correspondientes ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Después de años de querella legal, el juez emitió sentencia en donde se condenó al Colegio a pagar la indemnización constitucional de las prestaciones laborales que le fueron reclamadas por dichas maestras, y al no haber hecho el pago de los montos correspondientes, se ordenó el remate del inmueble en el que se ubica la institución, ubicado en la 29 sur No. 3938 de la Colonia Las Ánimas.
El monto total por la suma de las indemnizaciones supera el millón de pesos.
Hasta ahí, pareciera que la historia tendría final feliz.
Nada más alejado de la realidad.
Asesorada por los abogados de la institución, la directora Rosa Marina Alarcón Rodríguez Pacheco, con el propósito de dejar sin efecto el remate del inmueble, confeccionó un contrato de compra venta con el señor Gilberto Daniel Cruz Pardo, a través del cual simuló que dicha persona adquirió el inmueble en dos millones de pesos.
Con un pequeño detalle: el supuesto comprador tiene 85 años de edad, es pensionado del ayuntamiento de Puebla y de acuerdo a documentos oficiales recibe únicamente cinco mil pesos mensuales.
Además, vive en una casa rentada que se ubica en la calle Sevilla No.20 de la Colonia Las Palmas y no cuenta con ningún inmueble en su patrimonio.
¿Cómo la habrá hecho para desembolsar 2 millones de pesos para comprar una institución educativa?
El señor Cruz Pardo promovió un juicio de amparo argumentando que se había embargado ilegalmente “su propiedad” en los juicios laborales referidos, pues él supuestamente había adquirido el inmueble con fecha 5 de septiembre de 2009 y afirma en su querella que desde esa fecha lo tiene en posesión.
Otro detalle: existen actas notariales a través de las cuales se tiene plenamente acreditado que en el inmueble continúa operando el colegio como institución educativa; inclusive existe un informe de la Secretaría de Educación Pública en donde se establece claramente que en dicho edificio hasta la fecha “se encuentra establecido el Colegio María Luisa Pacheco”.
Y es que, cualquier cambio de domicilio de alguna institución educativa debe ser previamente notificado a la propia SEP, lo que demuestra fehacientemente que el inmueble jamás fue vendido.
¿Cómo la ve?
En su “estrategia” para evitar el pago de las prestaciones laborales a las maestras despedidas, pasándose por el arco del triunfo la sentencia de un juez, la directora de la institución y sus “abogados” han realizado una serie de actividades que violan flagrantemente leyes y procedimientos.
Enumerar los delitos sería interminable: desde la falsedad de declaraciones hasta la falsificación de documentos.
Lo grave es que esta historia está lejos de terminar y su desenlace podría afectar severamente y para siempre el prestigio y la credibilidad de una institución que sus fundadores crearon con principios y valores que nada tienen que ver con las conductas arriba mencionadas.
Es más, si vieran en lo que se ha convertido el Colegio que con tanto esfuerzo crearon, se volverían a morir.
Claro, después de vomitar.
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