La representatividad de los partidos políticos siempre está en juego en cada elección, porque quizás puedan mantener el registro con el mínimo porcentaje de la votación; pero, cuántas posiciones realmente llegan a ganar en el Congreso o en alguno de los 217 ayuntamientos del estado.
Y en este último punto es donde cae el Partido del Trabajo, reflejo claro de la crisis que enfrenta la izquierda en Puebla desde hace varios años.
Es patética la situación del Partido del Trabajo (PT), que carece de estructura, de militantes y hasta de verdaderos dirigentes, aunque haya algunos que fungen como tales.
Siempre bajo el cobijo de otras partidos el PT ha logrado sobrevivir, sobre todo en las dos últimas décadas al aliarse con el PRD; poco o nada se preocupó por fortalecer sus cuadros, por trabajar más allá del periodo electoral, y ahora enfrenta las consecuencias.
Ya no tiene el apoyo de ningún grupo político fuerte, mucho menos de un personaje ni siquiera a nivel nacional como lo fue Andrés Manuel López Obrador; en Puebla no tiene figuras, la prueba está que recurrió al (ex)priista Miguel Angel Ceballos como candidato a la presidencia municipal de la capital del Estado y al final éste opta por declinar a favor del abanderado priista Enrique Agüera Ibáñez.
Más allá de los argumentos que pueda esgrimir Miguel Angel Ceballos -justificados o no- es el claro ejemplo del oportunismo político, del político chapulín, pues en plena campaña y a menos de una semana de la elección se baja del caballo y opta por apoyar a quien supuestamente era su contrincante, el priista Enrique Agüera.
Puede o no gustar, pero al menos otros se han cambiado de partido previo a la selección de candidatos y se mantuvieron ahí; la mayoría ganó el puesto por el que contendió.
Par evitar este tipo de engaños, de vendetas políticas debería impulsarse que la Ley electoral contemple una sanción económica a los partidos y/o candidatos que asuman esta actitud ya en pleno proceso electoral, una vez iniciada la no se puede ”declinar” la posición, pues puede interpretarse como otra “candidatura común” o “coalición” pero disfrazada.
Y es que en la ley electoral existe un plazo estricto para registrar coaliciones o candidaturas comunes, que en su momento cumplieron partidos políticos y aspirantes; pero no señala nada de “declinaciones” o alianzas post-registro, lo cual aprovechan otros y se trepan por intereses personales y ensuciando (aún más) el escenario político.
Sí, la política es una lucha de poder, y los partidos políticos para eso están, pero esa lucha sucia por el poder mantiene subordinada a la democracia y no permite un avance socioeconómico sólido del estado de Puebla.
Mientras tanto, en esa ocasión el periodo de campañas fue más corto (afortunadamente) a raíz de la reforma a la ley electoral, apenas dos meses que fueron más que suficientes para todo tipo de argucias (positivas y negativas) por parte de los contendientes.
Algunos analistas señalan a Puebla como un estado de riesgo por la presencia del crimen organizado, lo cual contradice la versión oficial estatal, pues el índice de delincuencia y violencia se ha incrementado de forma sensible en la entidad, desde robos a transeúntes hasta extorsiones telefónicas, homicidios o la localización de cuerpos.
El domingo 7 de julio se verá qué tan atractivas y seguras resultan estas elecciones para los poblanos.
