El que el gobernador Rafael Moreno Valle y el Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla, digan que el personal administrativo de las dependencias de gobierno no está obligado a hacer dichas pruebas, quedó más que demostrado desde el inicio de la gestión.
De otra manera no se entendería como fue que en el 2010 llegó Juan de Dios Lezama Cortés a la Secretaría de Infraestructura, con un amparo bajo el brazo para evadir la investigación que en su contra realizó la SIEDO por sus presuntos vínculos con el Cártel de Golfo cuando fungió como subdirector operativo del reclusorio de Cancún.
La estadía de Lezama Cortés fue defendida por el propio secretario hasta que las evidencias periodísticas hicieron insostenible su cargo, y aunque fue dado de baja de la dependencia; su relación de amistad con varios titulares de la propia secretaria le lograron un cargo de primer nivel en el gobierno tlaxcalteca.
Ejemplos como el anterior hay varios, en diversas áreas administrativas, que deberían ser tomadas en cuenta para la aplicación de las pruebas de confianza, pues no se concibe que personas con antecedentes o con conductas irregulares manejen la operatividad de las oficinas, sin que en algún momento, sucumban a la tentación de filtrar algún dato o algún documento o de hacerle honor al Año de Hidalgo.
¿O usted puede entender que un ludópata comprobado, que gusta de viajar a Las Vegas cada fin de mes, en donde apuesta importantes cantidades de dinero y no siempre gana; maneje la dirección de administrativa de una supersecretaría?
¿Quién puede asegurar que solo se gasta el dinero de su mensualidad y no de la dependencia, si su sueldo nominal no es directamente proporcional con el dinero que juega y pierde?
¿Quién puede asegurar que este personaje no recurre a artimañas como retener los pagos de sus proveedores, al grado de decirles: “No acepto tu factura pero si quieres, tengo 50 mil pesos, tómalos ahorita o déjalos”, aun cuando el pago que debe hacer, es superior?
¿Quién puede asegurar que este personaje está exento de cometer irregularidades tales como, por ejemplo, jinetear los recursos para gasolina, si sus esbirros dejan todas las huellas de los malos manejos en este rubro?
Aún cuando no tiene antecedentes penales, pues por lo menos así versa en su expediente; este tipo de conductas, ¿no lo hacen merecedor a una prueba de confianza?
¿Qué acaso no saben que existen también los delincuentes de cuello blanco, o es que solamente son de sexenios anteriores y no en el propio, que presumen de impoluto?
¿Por qué solo los operativos, los que se rifan el pellejo en las calles, son los únicos que deben hacerse dichas pruebas?.
Este, y otros personajes, bien que se encomendaron al Señor cuando rezaron: “no me des, ponme donde hay”, para que se puedan despachar con la cuchara bajo el amparo de la opacidad con que se manejan las pruebas que, se suponen, certifican la alta capacidad y honorabilidad que tienen los funcionarios para desempeñar sus puestos.
Por eso, no aplica ya el rebasado apotegma de que “lo mejor está por venir”, porque en los hechos, ha quedado de manifiesto que: “mismas mañas, diferentes uñas”.
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