Por Alejandro Mondragón
Rafael Moreno Valle arrasó en la elección del 2010 a Javier López Zavala.
Ya como gobernador electo pidió al entonces mandatario Mario Marín que durante su última legislatura modificará la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Dos temas en realidad le interesaban para su agenda política: que se suprimirá la obligatoriedad de que sólo un médico podría ser titular de Salud. Ahí designaría a Jorge Aguilar Chedraui.
Y la otra que se relevara al Congreso del Estado de ser notificado de la ausencia del gobernador por espacio de 15 días.
Ambas consideraciones se otorgaron con las reformas legales que además fusionaba y creaba nuevas dependencias públicas.
Eso fue el primer acto de poder del morenovallismo sobre el marinismo, lo que dio pauta después al ejercicio de un poder omnipotente que no se había tenido en la historia contemporánea de Puebla.
Moreno Valle pudo desde autorizarse ampliaciones presupuestales sin necesidad de que el Congreso lo autorizara hasta la llamada Ley Bala.
En la presentación del libro de Javier Sánchez Galicia, El Arte de Comunicar al Gobierno, el gobernador electo subrayó que no basta el elevado bono democrático que había obtenido el 2 de junio, sino se legitima, mediante la gobernabilidad.
Alejandro Armenta está, sin duda, en la tesitura de un gobernador con poder omnímodo: ganó con amplia mayoría, se llevó todas las diputaciones locales y la alianza que encabezó se impuso en 130 de los 217 ayuntamientos.
Ya no falta mucho para saberlo y analizar ante la ausencia de contrapesos, la crítica no acabe con vetos y censuras.
