Esa es la máxima principal de la postura en contra de las modificaciones legales que aprobó el congreso para despenalizar la interrupción del embarazo.
La han repetido una y otra vez en su discurso los legisladores de Acción Nacional y es una frase recurrente de los comunicados oficiales tanto de la UPAEP, como de la Arquidiócesis de Puebla.
Qué lástima que, en otros tiempos, estos personajes no hayan enarbolado la misma bandera para denunciar, con la misma convicción, el asesinato del niño indígena, José Luis Tehuatlie Tamayo a manos de policías al servicio de Rafael Moreno Valle.
Callaron, no chistaron, de plano no se atrevieron.
El supremo valor que han mostrado en los últimos días, en el caso Chalchihuapan fue un ensordecedor, cómplice, pero sobre todo cobarde silencio.
Es más, algunos de ellos, en el ámbito de sus respectiva influencia, operó para que la imagen de aquel gobierno no se viera afectada todavía más por semejante salvajada.
Víctor Sánchez Espinoza, fue una pieza fundamental en la estrategia de Rafael Moreno Valle para “componer” el tejido social y bajar la indignación ciudadana por acciones tomadas en contra de opositores al régimen.
La estructura eclesiástica poblana se puso a las órdenes del entonces mandatario y utilizó su amplia influencia en comunidades que fueron víctimas de una política autoritaria que había dejado como saldo un menor muerto.
Los casos en donde la operación de la jerarquía católica a favor de los intereses gubernamentales fue evidente, además de San Bernardino Chalchihuapan, en Canoa y La Resurrección, comunidades cuyas autoridades fueron encarceladas por encabezar acciones de protesta en contra de la determinación legislativa de retirarles el control de los juzgados civiles.
También en los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula, en donde habitantes tomaron la presidencia municipal para manifestarse en contra del proyecto de construcción del Parque de las 7 Culturas.
Para lograr “bajar los ánimos” y fracturar la unidad de los opositores, el arzobispo optó por utilizar a los mayordomos de las distintas parroquias -figuras de altísima influencia en la comunidad católica-, quienes operaron para el gobierno y entregaron magníficos resultados.
Este invaluable servicio significó en su momento la recomposición absoluta de las relaciones entre Víctor Sánchez Espinoza y Rafael Moreno Valle, consideradas como “frías y distantes” desde el inicio de aquella administración.
La cercanía del prelado con abanderados del PRI como Javier López Zavala en el 2010, o Enrique Agüera en el 2013, tensaron la relación del lado del morenovallismo.
Por su parte, en noviembre de 2011, el entonces gobernador envió al congreso poblano una iniciativa para modificar el artículo 342 del Código de Defensa Social, para sustituir la cárcel por tratamientos médicos integrales a las mujeres que aborten en el estado, lo cual no fue bien visto por el arzobispo.
El enojo y la frialdad en las relaciones entre autoridades civiles y eclesiástica duraron, hasta que los asesores del gobernador comprendieron el enorme beneficio que podría significar para ellos la intervención del clero en comunidades consideradas como “focos rojos” en materia de gobernabilidad.
Como puede ver, los buenos oficios del arzobispo fueron más efectivos que el trabajo que en su momento hizo la Secretaría General de Gobierno y que la congruencia de aquellas férreas convicciones en las que se basan su doctrina y su fe.
