Karina Fernández |
El fiscal Gilberto Higuera Bernal puntualizó que la institución no es responsable de las actividades que sus ex servidores públicos realicen después de haber concluido su cargo, como el caso de Raquel Avendaño, ex fiscal de género que actualmente defiende a un violentador y deudor alimentario.
Avendaño Fernández, que dejó la Fiscalía General del Estado a finales de 2022, es la defensa legal de Amado E., ex funcionario del DIF que ha incumplido con la pensión alimentaria de sus tres hijos, a los que recientemente retiene, incurriendo en violencia vicaria.
Al respecto, Higuera Bernal señaló que la institución es ajena a lo que sus ex funcionarios realicen cuando ya no forman parte del servicio público, por lo que sus decisiones y acciones son personales y no involucran al organismo que él encabeza.
“En el caso particular de personas que hayan laborado en la institución, y una vez que egresan, realizan el ejercicio de su propia profesión y lo realicen ‘de tal o cual manera’ ese ya no es un tema de nosotros, no es una responsabilidad nuestra, es personal”.
(…) lo que sí sé es que, después de que terminas un encargo, la Ley de Responsabilidades prevé que, al menos durante un año, no debes realizar actividad profesional en ese ámbito”.
Detalló que la institución cumple con una serie de evaluaciones para designar al personal, desde pruebas psicológicas, médicas y de entorno social que se repiten periódicamente para validar la permanencia del personal.
Sin embargo, desconoció los antecedentes de su fiscal de Investigación Regional en turno, Elva Rocha, quien en otros estados donde se desempeñó fue señalada por violencia laboral y de género. Dijo que, de haberlo sabido, no la habría asignado al cargo, pero no descartó revisar su situación y tomar decisiones que no violenten sus derechos.
De acuerdo con una investigación de la abogada Yazmín Flores, en Estado de México, San Luis Potosí y Zacatecas, donde anteriormente se desempeñó, Elva Rocha fue señalada por corrupción, abuso de autoridad, carpetas fabricadas, actas administrativas apócrifas y malos tratos.
