01-05-2024 02:57:16 PM

Las voces que nunca se cansarán de buscar

Por Yasmín Flores Hernández

 

La desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, constituye una violación pluriofensiva de derechos humanos, toda vez que además de causar daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en sus familiares, al ignorar el destino final que aquellas correrán, generándoles -por tiempo indefinido- temor e incertidumbre por conocer el paradero de su ser querido, además de un deterioro económico y de salud física y mental.

 

Su práctica implica la privación de la libertad y en muchas ocasiones de la vida.

 

Sí, la palabra desaparecido suena fuerte…

 

Las desapariciones afectan profundamente casi todos los aspectos de la vida de las familias de las víctimas.

 

Las familias que siguen intentando encontrar a las personas desaparecidas, discuten públicamente sus casos o exigen a las autoridades que investiguen lo sucedido a menudo son objeto de hostigamiento, amenazas y agresiones.

 

Estos actos hostiles generalmente procuran disuadir a los familiares de que exijan justicia, y manipulan el profundo temor que sienten las víctimas a perder a otro ser querido.

 

Asimismo, tales actos aterrorizan no sólo a las personas a quienes están dirigidos, sino también a otros familiares de desaparecidos y miembros de la sociedad en general, que temen exponerse a riesgos si reclaman justicia.

 

En México, las desapariciones también tienen consecuencias económicas devastadoras para las familias de las víctimas, y afectan especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como los hijos y las familias que viven en condiciones de pobreza.

 

Las personas desaparecidas en algunos casos documentados, casi en su totalidad, hombres de escasos recursos que, en muchos casos, representaban el único sostén económico de familias con varios hijos.

 

Debido a su ausencia, sus cónyuges y parejas debieron reaccionar rápidamente para adaptarse a la pérdida del ingreso y poder mantener a sus familias.

 

Esta dificultad económica se ve agravada por el sistema de asistencia social de México, en el cual se supedita la prestación de algunos servicios a que uno de los miembros de la familia tenga empleo.

 

Por lo tanto, la desaparición puede suspender el acceso a beneficios sociales, como atención de la salud y cuidado infantil.

 

A fin de conservar el acceso a estos servicios indispensables, los familiares deben iniciar procedimientos burocráticos costosos y prolongados para que las autoridades reconocozcan que la persona está desaparecida o muerta, lo cual acentúa su sufrimiento.

 

México enfrenta un problema grave,  estructural, en cuanto a desaparición de personas se refiere, derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de diversas personas servidoras públicas con la delincuencia organizada, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden un desarrollo social en el país.

 

Aunado a lo anterior, los escasos resultados obtenidos por las instituciones de procuración de justicia, tanto en la búsqueda y localización de las víctimas directas, como en el conocimiento de la verdad de los hechos que originaron la desaparición y en la identificación de quiénes estuvieron involucrados en la misma para sujetarlos a la acción de la justicia, ocasionan, entre otras cosas, la proliferación de esta conducta.

 

La situación se agrava por el hecho de que no existen cifras oficiales precisas y confiables de personas desaparecidas, ni tampoco una base de datos sólida en funcionamiento en la que se concentre el registro de todas las personas que se encuentran en esta situación en México.

 

Ahora bien, estos son los estados en donde más casos hay de personas desaparecidas; sin embargo no se conocen las cifras reales:

 

  1. Jalisco con 13 mil 339
  2. Tamaulipas con 10 mil 594
  3. Estado de México con 6 mil 387
  4. Nuevo León con 5 mil 91
  5. Sinaloa con 5 mil 112
  6. Sonora con 4 mil 161
  7. Michoacán con 4 mil 100
  8. Veracruz con 3 mil 961
  9. Ciudad de México con 3 mil 501
  10. Coahuila con 3 mil 287

 

El pasado martes, los integrantes de la la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana (IBERO) presentaron un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

 

En su petición, solicitan que se realice un censo de personas desaparecidas en el estado, ya que no se cuenta con un registro oficial de desaparecidos.

 

Jocelynn Pérez Aldana, responsable de Acceso a la Justicia de la IBERO Puebla, puntualizó que son 23 estados los que no cuentan con un censo estatal de desparecidos.

 

Entre las entidades que no cuentan con registro de personas desaparecidas se encuentran: Puebla, Querétaro, Guerrero, CDMX, Coahuila y Nuevo León.

 

Puebla es la primera entidad en impulsar esta iniciativa ante el amparo indirecto que realiza la IBERO junto a distintos colectivos que firmaron el documento.

 

Existen deficiencias en los censos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, comentó el coordinador de la Licenciatura de Derecho en la IBERO, Simón Hernández León, quien aseveró que es lamentable que no se tenga registro de los casos de desaparición.

 

Agregó que su equipo de trabajo junto a los colectivos exigen a las autoridades la creación y la transparencia de este padrón en Puebla.

 

Puebla ocupa el tercer lugar ya que registró en el 2022 sólo dos casos de personas desaparecidas en la entidad y para el 2023 la cifra se ubicó en 30, quiere decir que hay un aumento exponencial de 1,400 por ciento.

 

Ahora bien…

 

El 15 de dieciembre del año pasado  la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, menciono que hay 12 mil 377 personas desaparecidas según un nuevo censo y no 110 mil 964, cifra registrada anteriormente en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) hasta el 20 de agosto de 2023.

 

“No borramos a nadie”, ha sentenciado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su habitual conferencia de prensa matutina después de la presentación de las cifras por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

La funcionaria ha presentado la  Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, creada a partir de la estrategia de la Ciudad de México tomando como base el Rnpdno y que se inició el 1 de mayo de 2023.

 

En la presentación, ha detallado que de las 110 mil 964 personas registradas como desaparecidas, según el Rnpdno, solamente han podido confirmar a 12 mil 377 -un 11%-.

De las 110 mil 964 personas se han localizado a 16 mil 682 (15%); se han ubicado a 17 mil 843 (16%); se han hallado 26 mil 090 registros (24%), sin datos suficientes para identificar, y se han establecido 36 mil 022 (32%) como registros sin indicios para la búsqueda.

 

Además, también se ha dado con 1 mil 951 (2%) registros duplicados.

 

Asimismo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha expresado su preocupación por la cifra de 79 mil 955 personas ubicadas, sin datos suficientes para identificar y sin indicios para la búsqueda.

 

“Acotar en 12 mil 377 el número de personas desaparecidas puede minimizar una crisis mucho mayor. Se está empleando un criterio muy alto para dar por probada una desaparición, sin considerar la desprotección de quien denuncia, sin obtener un registro del mismo”, comentó.

 

La pregunta que impera sobre todas las cosas es:

 

¿De dónde puede sacar el gobierno federal este tipo de cifras?

 

Si como bien lo menciona la responsable de Acceso a la Justicia de la IBERO Puebla, son 23 estados los que no cuentan con un censo estatal de desparecidos.

 

Miles de personas desaparecidas, cuerpos sin identificar, la silenciosa y silenciada crisis de derechos humanos en México.

 

Y sabe ¿qué es lo peor?, que cualquiera de nosotros está expuesto a tener un familiar o amigo desaparecido.

 

La desaparición de una persona conlleva a un desquebrajamiento familiar, en donde se ve perjudicada la economia, su vida social y psicológica.

 

Aunado a esto, una de las consecuencias que acarrea el delito de desaparición de personas es la estigmatización social de la que generalmente son víctimas sus familiares.

 

De 2015 a 2016 los colectivos de busqueda de personas se incrementaron, todos con la unica esperanza de encontrar a sus seres queridos. No me puedo imaginar lo doloroso que es para una madre, un padre, un hermano, un esposa o esposo, un hijo, no saber donde estan los que un dia partieron.

 

Escuchar los testimonios de personas que buscan a sus familiares, me rompe el alma, y por supuesto que me sumo a sus demandas.

 

Siempre confio en el buen juicio de usted que  me escucha o me lee, seamos empáticos y solidarios con este tipo de situaciones, creame le puede pasar a cualquiera de nosotros.

 

 

Me parece que generar las condiciones necesarias es tarea de autoridades y sociedad en general, a mi criterio estos son algunos puntos que deberian tomarse en cuenta:

 

  • Crear una base estatal de datos sobre personas desaparecidas.

 

  • Crear una base de datos nacional sobre personas desaparecidas donde se incluya información clave que ayude a identificar a personas desaparecidas, como información genética (ADN) de familiares de la víctima, evidencias de la participación de actores estatales e investigaciones que se hayan iniciado sobre el caso. Los criterios para identificar y recabar estos datos deberían ser estandarizados por las distintas agencias del Ministerio Público, comisiones de derechos humanos, morgues y otras instituciones relevantes, a fin de asegurar la utilidad del sistema.

 

  • Crear una base de datos nacional de restos humanos no identificados, que contenga información genética (ADN) y otras características distintivas. Los criterios para identificar y recabar estos datos deberían estar coordinados con la información recogida para la base de datos de personas desaparecidas.

 

  • Comparar exhaustivamente la base de datos nacional de personas desaparecidas con el registro nacional de restos humanos no identificados para buscar coincidencias entre los datos.

 

Es interesante ver que las cifras que da la secretaria de Gobernación, Maria Luisa Alcalde, no coinciden con la página de la Secretaría de Gobernación, en el apartado de la Comisión de Busqueda de Personas, así que le dejo captura de pantalla, juzque usted.

 

Termino mi colaboración con esta frase:

 

Quisiera que los zapatos de mi hija, me llevaran a ella.

 

Anónimo

 

Les dejo las voces que nunca se cansarán de buscar…

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