Por Valentín Varillas
Se llama Jesús Castro Jácome.
Cobra como Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción en el estado de Puebla.
Desde que llegó al cargo, ha levantado 950 procesos en contra de todo tipo de funcionarios públicos.
Una cifra escandalosa.
Pero que el tamaño del número no nos engañe.
No se trata de un eficientísimo burócrata que ha iniciado una histórica e inédita cruzada en contra de quienes aprovechan sus cargos para enriquecerse a costa del erario.
Para nada.
Tampoco existen en realidad, 950 casos que involucren a burócratas a quienes pueda acusarse, con pruebas concretas, contantes y sonantes, de ser responsables de conductas que pudieran ser consideradas como violatorias de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Es más, la instancia a su cargo no tiene la capacidad operativa ni de personal para desahogar con profesionalismo, eficiencia y legalidad, semejante número de investigaciones.
¿Y entonces?
Más allá de un evidente caso de protagonismo, derivado de una personalidad absolutamente narcisista, la persecución en el papel de todo tipo de servidores públicos, se utiliza como herramienta de control.
El clásico garrote político.
El cuestionamiento central aquí es ¿de parte de quién?
¿A quién le conviene tener sometidos a alcaldes, secretarios, subsecretarios, titulares de instancias gubernamentales, corporaciones policiacas y un larguísimo etcétera?
A simple vista, la respuesta lógica sería: a su jefe.
Al fiscal Gilberto Higuera Bernal.
Aquel que ha transitado con éxito las turbulencias, tragedias y transiciones que han sacudido la vida pública del estado.
Ahí sigue.
Algo de lo que pueden presumir muy pocos.
Y sí, claro que hay un beneficio concreto para él al aplicar semejante mecanismo de sumisión.
Pero en esta historia hay más, mucho más.
Castro Jácome lleva una agenda paralela, personalísima, en donde los beneficios son para él.
Y éstos no sólo se deben entender en términos de la acumulación de poder.
Juran los enterados que aquí se tiene que hablar de dinero.
De mucho dinero.
Una estrategia muy parecida a la que en su momento llevó a cabo como titular de la Auditoría Superior del Estado el tristemente célebre Francisco Romero Serrano, hoy huésped distinguido del centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez.
El hoy fiscal anticorrupción, cuentan, fue empoderado a niveles nunca antes vistos por el círculo íntimo del exgobernador Miguel Barbosa.
Que se le dejó hacer y deshacer a conveniencia y que su desempeño llegó a ser muy similar al de un vulgar “gatillero”.
Hoy, claro está, los tiempos han cambiado.
No así las acciones de abuso y concentración de autoridad de Castro Jácome.
Valdría la pena que, de inmediato, Higuera Bernal ejerciera su autoridad y le pusiera un alto de inmediato.
No vaya a ser que por protegerlo y solaparlo, la hasta ahora magnífica relación que lleva con la nueva élite del poder, se vea dañada irremediable e irreversiblemente.
