Por Valentín Varillas
Súbitamente, por lo menos en el fondo, el famoso plan B en materia electoral del presidente López Obrador dejó de ser una prioridad en la agenda legislativa de Palacio Nacional.
El propio jefe del ejecutivo federal ya lleva tiempo sin subirlo a su discurso en sus famosas y en ocasiones insufribles mañaneras.
Ojo: esto no ha anulado las constantes críticas y ataques que el INE y sus consejeros reciben, prácticamente todos los días, por parte de personajes del círculo cercano a Andrés Manuel.
Adán Augusto López, su secretario de Gobernación, en primerísimo lugar.
Le han bajado el tono otros como Nacho Mier, coordinador de los diputados del partido en el poder y desde el Senado en mucho mayor medida, otro poblano: Alejandro Armenta.
Ya no se habla como antes, específicamente, de las supuestas bondades que estas propuestas de modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral traerían para la democracia mexicana.
Y esto, resulta por lo menos sospechoso.
Sobretodo en el comportamiento de un personajes de ideas fijas, como es el presidente, que en muy raras ocasiones suelta un tema que pudiera traerle beneficios en materia electoral.
Entrando al quinto año de esta administración, es evidente que lo único realmente importante para él es la acumulación sistemática y constante de poder político, para beneficio de su Cuarta Transformación.
Las razones que pudieran explicar este súbito y radical cambio en términos de la estrategia diseñada para la continuidad de este grupo en lo más alto del poder político, seguramente son muchas.
Pero tal vez existen algunas que se han dado recientemente, y que los obligó a modificar el plan original.
El anuncio de una nueva marcha en “defensa” de la instancia electoral, por ejemplo.
Sorprendió la capacidad de convocatoria y la enorme respuesta ciudadana.
Más allá si se está o no de acuerdo con las reivindicaciones de aquella movilización, tuvo una muy fuerte repercusión en medios nacionales e internacionales.
Los asesores y estrategas al servicio del oficialismo, seguramente tienen una medición cuantitativa del impacto negativo que ésta ocasionó a los bonos gubernamentales.
No imaginaron una nueva convocatoria después del anuncio de este Plan B.
Los tomaron por sorpresa.
Imposible saber si esta segunda marcha tendría o va a tener el mismo éxito de la primera, pero en términos de percepción pareciera que el objetivo de bajarle al tema es buscar inhibir la realización de la misma.
Y es aquí en donde tal vez se busque cuidar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
La que hasta ahora la siguen viendo como la favorita de AMLO para cederle la estafeta.
Al llevarse a cabo estas marchas en la capital del país, hay un costo extra en imagen para ella.
Injusto tal vez, porque ella está ajena a cuestiones de competencia exclusiva del legislativo, pero es evidente que se ha visto afectada en términos de política real.
Y exponerla a un nuevo golpeteo mediático, cuando ha vivido en las últimas semanas la peor crisis de su gobierno por los constantes colapsos del Metro y sus consecuentes saldos en materia social.
Algunos, por cierto, mortales.
¿Conclusión?
Hubo un control de daños que se opera ya desde hace unos días para bajar del debate público un tema que en su momento les sumó mayoritariamente en términos de opinión pública y publicada, pero que ahora, puede tener un efecto búmeran devastador en la lógica del proceso de sucesión presidencial.
Ese que, para López Obrador, hoy es lo único que realmente importa.
