Por Valentín Varillas
El viernes pasado, en su conferencia matutina, el gobernador Barbosa hizo referencia a la disputa legal que protagonizan el ex gobernador Gali con el empresario José Layón, en donde se presume que el ex gobernador ha recibido ayuda desde el Poder Judicial y por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
Más allá de lo que ya ha dicho sobre el tema, llamaron fuerte la atención algunas de sus frases.
“Es un pleito entre millonarios”- aseguró.
“Entre personajes que han hecho su fortuna a través de la realización de ilegales negocios al amparo del poder”- añadió.
Pero el remate es de antología: “son exactamente lo mismo”.
Es decir, les puso la etiqueta de “iguales” y los metió en la misma canasta.
Demoledor.
José Layón es hermano de Norma, la alcaldesa de San Martín Texmelucan, emanada de Morena, hoy en el ojo del huracán después de que la caída de un tanque elevado matara a dos personas en su municipio.
Una obra hecha sin la menor planeación y construida con material de desecho.
Y que además, según datos aportados por el propio gobernador Barbosa, no contaba con el aval técnico de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.
El mandatario no ha tenido ningún tipo de trato especial con la edil.
Al contrario.
Exigió en su momento que la Fiscalía General del Estado llevara a cabo una investigación a fondo y deslindara responsabilidades.
Al margen de filias y fobias personales o políticas, se tenía que llegar a la verdad.
En este contexto, fueron detenidos Julio César “N”, quien se desempeñaba como Secretario de Obra Pública municipal y Heriberto “N”, titular de Protección Civil.
Pero lejos de que estas detenciones den tranquilidad a la opinión pública de que se ha hecho justicia, dejan en cambio un sabor amargo.
Queda la sensación de que no es suficiente.
Existe una responsabilidad moral y legal por parte de quien los integró a su gobierno que sigue pendiente.
Por complicidad o desconocimiento.
Y en este contexto se inserta con precisión quirúrgica la dilapidaría pero muy certera descripción de lo que por décadas ha significado la “marca” Layón.
Hay ya signos inequívocos de distanciamiento y hasta de fractura.
Un gobierno como el de San Martín está muy lejos de honrar los preceptos de la llamada 4T.
Al contrario.
Tampoco, en sus usos y costumbres, tiene la menor semejanza con el que encabeza Miguel Barbosa.
Es más: lucen no solo diametralmente distintos, sino mutuamente excluyentes.
Y hoy, más que nunca, por fin ha quedado claro en la oficina principal de Casa Aguayo.
Antes de los afectos personales y las afinidades en lo político, está la responsabilidad de aplicar la ley y no quedarle a deber nada, absolutamente nada, ni a las familias de los muertos ni a su memoria.
