Por Valentín Varillas
No, no únicamente ha sido el tema de la eficiencia en la aplicación de vacunas contra el Covid en Puebla y la reconversión hospitalaria en los momentos más críticos de las distintas olas de la pandemia.
En estos rubros, nuestro estado ha sido reconocido como de los mejores a nivel nacional por el gobierno federal a través del INSABI.
Desde el inicio de la actual administración, el fortalecer los servicios de salud que son responsabilidad del gobierno poblano ha sido una auténtica prioridad.
Y se ha actuado en consecuencia.
Convenios con el gobierno federal que apuntalan la atención médica garantizada en zonas alejadas de sus respectivas cabeceras municipales.
14 mil millones de pesos anuales para invertirlos, entre otras cosas, en proyectos como la rehabilitación de hospitales generales del Norte y del Sur, además del psiquiátrico “Rafael Serrano”.
Aquí, le duela a quien le duela, ha habido un cambio radical.
Y para bien.
Que jamás se olvide cómo en administraciones pasadas saquearon los recursos destinados al rubro de la salud.
Cada peso presupuestado para la construcción y equipamiento de hospitales, jamás se invirtió de acuerdo a su origen y destino.
Al contrario: acabaron siendo parte de las millonarias fortunas de gobernadores y funcionarios públicos.
Un auténtico atraco a las arcas del erario estatal, en una dependencia prioritaria en el ejercicio de gobierno, pero que además supone una altísima vocación social.
El hecho de que auténticos criminales hayan convertido a esta dependencia en la gallina de los huevos de oro para hacer negocios al amparo del poder, resulta por decir lo menos, indignante.
Desde tiempos de Mario Marín, el tufo de la corrupción comenzó a apestar al interior de los Servicios de Salud Pública del estado.
No fue casual el hecho de que el único funcionario de ese gobierno que terminó encarcelado, haya sido titular de esa cartera.
Ya en el gobierno de Moreno Valle, el descaro fue total.
Ahí, ni siquiera se cuidaron las formas básicas, las más elementales.
Una de las primeras órdenes que el “panista” les dio a sus lacayos que cobraban como diputados locales, fue el que llevaran a cabo las modificaciones legales necesarias para eliminar la obligatoriedad de ser médico para poder ser Secretario de Salud.
Más que un especialista en el tema, necesitaban un cómplice incondicional para darle forma a un esquema de desvío de recursos públicos que incluía sobrecostos en la realización de obras, la creación de empresas fantasma, la falsificación de facturas y cientos de irregularidades más en la construcción y el equipamiento de los Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESAS).
En ese sexenio, el de la supuesta modernidad y eficiencia en el ejercicio de gobierno, nació el concepto de hospitales y clínicas “cascarón”.
Esos que eran inaugurados con bombo y platillo ante la presencia de los distintos medios de comunicación y que después eran vaciados literalmente para que el equipo y demás componentes básicos para su operación, fueran llevados a otra clínica u hospital próximo a inaugurar.
Un auténtico teatro de lo absurdo.
Una burda simulación con terribles consecuencias en lo social.
En auditorías realizadas por el gobierno federal, se maneja que el monto de las corruptelas son del orden de los 125 millones de pesos.
En los pasillos de la política local, desde aquellos tiempos, se daba por hecho que el desvío fue mucho mayor.
No es casual que quienes se desempeñaron como secretarios del ramo en el sexenio de Moreno Valle, vivan en el exilio y carguen a donde vayan sus respectivos amparos.
Si todo lo que se robaron hubiera sido destinado para su función original, hoy tendríamos un sistema de salud más sólido y mucho mejor preparado para hacerle frente a las necesidades sanitarias de los poblanos .
A veces, el costo real de la corrupción oficial y sus consecuencias, las dimensionamos en coyunturas inéditas e impredecibles como la que estamos viviendo en la actualidad.
