Por Valentín Varillas
Los críticos del actual gobierno se rasgan las vestiduras por la cantidad de cambios que se han dado en posiciones estratégicas de la administración pública estatal.
Lo ven como una señal de “inestabilidad” en el círculo cercano del jefe del ejecutivo estatal.
No entienden nada.
De plano no pueden asimilar que los usos y costumbres que han prevalecido por décadas entre el gobernador y sus colaboradores cercanos ha cambiado, de manera radical e irremediablemente.
Es decir, no hay marcha atrás.
Aquí, ya no pesa el amiguismo, el compadrazgo o el haber sido en algún momento dado “compañero de lucha” o “parte del movimiento”.
Se trata de dar resultados concretos; tan simple o tan complicado como se quiera ver.
Porque es un tema de instituciones, no de perfiles.
Más allá de quiénes sean los hombres y las mujeres que las encabecen, el sentido y la función de cada una de ellas no puede pervertirse, ni desviarse de los objetivos planteados cuando decidieron aceptar la responsabilidad ofrecida.
Sea trate de quien se trate.
En esta lógica, se ha prescindido de supuestos incondicionales que hicieron de la traición y la conjura su prioridad, antes de privilegiar las responsabilidades de su cargo.
Ahí están los casos de Manzanilla y David Méndez, que llevaban una agenda política propia, completamente ajena de su deber de trabajar por la gobernabilidad del estado.
Aréchiga, otro de los más cercanos, en su paso por la Secretaría de Movilidad y Transporte, privilegió a sus cómplices y amigos, dueños por cierto de las rutas de transporte comercialmente más rentables, antes que sentar las bases de un programa de mejora auténtica del servicio y por supuesto, a los intereses de los usuarios.
¿Y qué tal en el tema de seguridad?
De la ineptitud probada de Amézaga Ramírez, a la corrupción de la pandilla de pillos que llegó de Chiapas encabezada por Raciel López Salazar.
Aquí no hubo medias tintas.
Barbosa prometió en el discurso de su toma de protesta, que el combate a la delincuencia era una de las principales prioridades en su administración y que se haría todo, absolutamente todo lo que estuviera a su alcance para lograrlo.
¿Quién se atreve a llevar a cabo limpias radicales de indeseables, como las que se han dado en esta secretaría?
A algunos ya se les olvidó que quienes ocupaban antes este cargo, eran en realidad los gatilleros del gobernador en turno y quienes les garantizaban la viabilidad de los millonarios negocios que se hacían al amparo del fomento y la tolerancia de actividades ilícitas.
Ahí está la dupla Moreno Valle – Facundo Rosas, quienes permitieron el crecimiento exponencial del huachicol y su asentamiento e infiltración en los cuerpos de seguridad y en algunos gobiernos municipales.
Tuvo que venir una petición expresa del gobierno federal de que se removiera a Rosas Rosas de su cargo, ante la contundencia de la pruebas que demostraban que las bandas que ordeñaban y vendían combustible robado de Pemex, gozaban de los beneficios de la protección oficial.
En materia de salud púbica, el cambio en la Secretaría se dio ya con la pandemia encima, en junio del 2020.
El gobernador entendió que el perfil de Jorge Humberto Uribe Téllez no le daba para enfrentar con éxito los retos que venían.
Que no eran pocos ni tampoco fáciles de enfrentar.
Un potencial colapso de los servicios hospitalarios hubiera traído consecuencias trágicas incalculables en términos de contagios y de pérdidas de vidas humanas.
La decisión de integrar a José Antonio Martínez y dejarle la responsabilidad de atender la emergencia, cuando la tormenta ya estaba encima, fue por demás acertada.
Siempre con una visión realista y previniendo hasta los peores escenarios, dotó de información importante al gobernador para que se emitieran los decretos correspondientes de acuerdo a lo que se estaba viviendo.
Más allá de daños colaterales y otro tipo de intereses, el tema sanitario ha sido siempre la prioridad absoluta.
Con todo y el poco apoyo que en su momento Puebla recibió por parte del gobierno federal.
No vale la pena dedicarle muchas líneas a los cambios en Turismo y Cultura, en donde los originalmente designados como titulares se imaginaron merecedores de una especie de beca sexenal en donde cobraban bien y no hacían prácticamente nada.
En este contexto ¿por qué temerle al cambio?
¿Qué bases solidas hay para tomarlo como materia prima para la crítica política?
Bienvenidos los cambios si son para bien.
En Puebla, ha sido más que evidente que, en el actual gobierno estatal, no ha aplicado ni aplicará aquella máxima de “90% lealtad y 10% capacidad” para ocupar cargos importantes en la administración pública.
