Por Valentín Varillas
Fuerza por México está dispuesto a hacer todo lo posible por mantener su registro como partido político nacional, a pesar del enorme ridículo que hizo en las urnas en el pasado proceso electoral.
Para lograr su objetivo, lleva a cabo una estrategia muy similar a la que en su momento ensayó Rafael Moreno Valle para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fallara a favor de Martha Érika Alonso en la calificación de la elección a gobernador de Puebla en el 2018.
De acuerdo al reportaje de Juan Omar Fierro, publicado en el más reciente número de la revista Proceso, personajes poderosos como los senadores Ricardo Monreal y el mismo Pedro Haces –dueño de la franquicia- se llevan a cabo intensas acciones de cabildeo y presión con el magistrado Indalfer Infante Gonzales, autor del proyecto de sentencia que pretende devolver el registro a la agrupación.
Fierro escribe que el pretexto es que “el partido se vio afectado por la contingencia sanitaria causada por la pandemia de covid-19” y que por eso recibió financiamiento un mes después que el resto de los partidos.
Más allá de las fortalezas o debilidades de estos argumentos, el magistrado Infante mueve cielo mar y tierra para convencer a la mayoría de sus compañeros integrantes del Trife para que voten a favor de su proyecto.
De acuerdo con el reportaje, gente cercana a Monreal como Armando Ambriz Hernández, actual presidente interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quien hasta octubre de 2019 laboraba en el TEPJF y Prometeo Hernández Rubio, ex secretario particular de Infante González cuando era magistrado de circuito en el Poder Judicial de la Federación.
En el 2018, la estrategia para favorecer los intereses de Moreno Valle al interior del Tribunal corrió a cargo del panista Roberto Gil Zuarth, quien echó mano de un personaje que al final resultó una pieza fundamental en la votación a favor de Martha Érika.
El silencioso, pero efectivo operador fue Ernesto Herrera Tovar, en ese tiempo magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien era además amigo personal y muy cercano, de la entonces presidenta Janine Otálora Malassis.
A pesar de que, en teoría, sus responsabilidades profesionales tendrían que haberlo mantenido al margen de cuestiones electorales, se la jugó con todo a favor de la continuidad del morenovallismo como grupo político hegemónico en Puebla.
A como diera lugar.
Herrera Tovar le reportaba a Gil Zuarth todo, absolutamente todo lo relacionado al proceso de “convencimiento” de Otálora, quien en un momento de la impugnación pensó decantarse a favor de la anulación de la elección.
Fue cuando se intensificó el marcaje personal y se afinaron con éxito las notas del dulce canto de las sirenas.
La misión había sido cumplida.
Otálora, como presidenta, tenía el voto de calidad en caso de que algún magistrado se excusara de asistir a la sesión y surgiera la posibilidad de un empate.
Al final no fue así, pero Otálora le dio a Moreno Valle el 4-3 necesario para imponer a su cónyuge como su sucesora.
En el reportaje de Proceso, en donde se toca el tema de Fuerza por México únicamente se habla de presiones de tipo político, nada más.
Aquí en la aldea, la leyenda urbana asegura que se destinaron millones de pesos, de origen público y privado, para amarrar la gubernatura de Puebla.
Esa misma teoría tiene como colofón, el que los involucrados no pudieron cobrar lo pactado por aquel fatídico accidente del 24 de diciembre del 2018.
Para cerrar el círculo de coincidencias, el presidente del CEN de Fuerza por México es Gerardo Islas, en su momento muy cercano a Moreno Valle y quien, después de la tragedia, movió cielo mar y tierra para que el congreso lo designara como gobernador interino del estado.
Nada le salió en ese momento.
Se ve muy difícil, prácticamente imposible que la suerte vire a su favor en esta nueva coyuntura.
