Por Valentín Varillas
Una nueva consigna tienen los representantes del gobierno federal en los estados de la República y es considerada como prioritaria para los intereses del presidente López Obrador.
Son ya los encargados de la operación de recursos materiales y humanos para tratar de maximizar la participación ciudadana en la consulta del próximo domingo 1 de agosto.
Aquella en donde, de acuerdo a la pregunta planteada, hay posibilidades de juzgar a cualquiera que haya desempeñado un cargo público “en el pasado”, pero que en el discurso y la propaganda oficiales, se vende como un ajuste de cuentas en contra de ex presidentes.
El reto no es menor.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, para que esta consulta sea “vinculante”, es decir, para que tenga valor jurídico o legal, es necesario que acudan al llamado hecho por el gobierno federal por lo menos el 40% del total de inscritos en el padrón electoral nacional.
Una locura, partiendo del hecho de que, apenas el 6 de junio pasado, los mexicanos salimos a votar.
El porcentaje determinado por la SCJN es muy cercano al histórico de participación en elecciones intermedias, es decir, cuando se renueva la Cámara Baja del legislativo federal.
Esperar que un ejercicio con estas características, en una coyuntura como la actual, tenga una respuesta positiva y sobre todo, espontánea, suficiente para cubrir el requisito, pareciera a simple vista muy iluso.
Pero van a echar lo que les queda de carne al asador.
Para AMLO es fundamental que el experimento resulte, si no exitoso, por lo menos, digno.
Y no va escatimar nada de lo que esté en sus manos para conseguirlo.
El combate a la corrupción ha sido su bandera en tres campañas presidenciales y ahora que por fin ocupa la jefatura del ejecutivo federal, deberá de ser congruente con su histórico discurso.
No le importa que en su falso cumplimiento haya decidido montar una penosa puesta en escena.
Un vergonzoso teatro en donde, una obligación gubernamental se intenta disfrazar de procedimiento democrático.
Pero los llamados superdelegados no tienen de otra.
Tendrán que acatar sin chistar las órdenes de su jefe.
El mismo que, recientemente, les quitó de su camino un pesado y peligroso obstáculo que se llamaba Irma Eréndira Sandoval.
Quien fuera titular de la Función Pública abrió sendos procesos de investigación en contra de muchos de ellos.
Fueron señalados por utilizar los programas sociales del gobierno federal, como trampolín político, o bien, como medio para la realización de negocios personales.
También por la comisión de abusos sistemáticos de trabajadores a su cargo, a quienes se les obligó a laborar sin contratos y sin el pago correspondiente de su salario.
La salida de Sandoval hizo que salvaran la cabeza.
Sin embargo, la espada de Damocles pende sobre ellos y amenaza, ahora sí, con ser implacable, si la convocatoria del domingo próximo no llega a ser la que se espera en la oficina principal de Palacio Nacional.
