Por Rocío García Olmedo
A pregunta expresa sobre la venta de niñas que aún prevalece en muchas zonas indígenas del país, la respuesta del presidente López Obrador hace unos días fue: “no deben estigmatizarse a los pueblos indígenas, también se da en la clases altas.”
Estas indignantes e irresponsables declaraciones por supuesto que generaron un rechazo generalizado derivado de que históricamente con el pretexto de los “usos y costumbres” se han violentado derechos de las mujeres y de las niñas.
Estas prácticas retrógradas no pueden ni deben ser “favorecidas” con declaraciones tan lamentables. Pareciera inconcebible y hasta poco creíble escucharlas en la voz del primer Morenista de este país, ya que contribuye a normalizar éstas prácticas que violan derechos humanos.
Durante muchas décadas la ruta ha sido la construcción de derechos para detener la venta de niñas, para prohibir el matrimonio infantil, la trata de personas, en suma, para erradicar todas estas prácticas aberrantes.
A nivel internacional, desde la Convención de los Derechos del Niño (1989) -ratificada por México en 1990- que “obliga a los Estados Parte a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes ante las distintas problemáticas a las que se enfrentan en los ámbitos de su vida; los reconoce como sujetos plenos de derechos y establece la obligación de todas las instituciones públicas y privadas de implementar las medidas necesarias que garanticen su protección contra toda forma de discriminación y siempre en beneficio de su interés superior.” Posteriormente en el año 2000 aprobando dos Protocolos facultativos: el Protocolo facultativo a la Convención concerniente a la implicación de los niños en los conflictos armados, y el Protocolo facultativo a la Convención concerniente a la venta de niños, la prostitución y a la pornografía, poniendo en escena a niños.
En México, con las reformas constitucionales a los artículos 4o. y 73 fracción XXIX-P en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia (2011), la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2014) y posteriormente las leyes estatales en esta materia, con las que se inicia una nueva etapa de protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, creando un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para efectos de coordinación nacional de acciones.
En el estado de Puebla como en el resto de las entidades federativas, desde la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla (2007) reformada en 2013, y posteriormente la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Puebla (2015).
Esfuerzos que por lo visto desconoce el presidente López Obrador, o no quiere reconocer, como lo hace desde el inicio de su gobierno, evidenciando claramente que no sabe que esta regulación establece además obligaciones para el Estado mexicano, a efecto de que garantice su observancia y respeto.
Ante la ausencia de políticas públicas de prevención y especialmente de atención, Save the Children, hace unos días emite una carta abierta al gobierno mexicano para que en término de sus obligaciones, actúe en contra de la prevalencia de la práctica de “venta de niñas” que ha venido documentándose en el estado de Guerrero, – práctica existente también en otros estados de la República- exigiendo la articulación de las autoridades para atender esta situación que por supuesto como menciona la Carta Abierta: “Como lo muestra la evidencia, no es un tema de “usos y costumbres” como se suele presentar, sino arreglos de violencia adulta tolerados y propiciados por la complicidad de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales.”
La respuesta del presidente indignante e irresponsable, contribuye sin duda alguna, a normalizar éstas prácticas que violan derechos humanos, solamente que “La ignorancia de la ley, no exime su cumplimiento”
El gobierno federal no puede ser omiso ante estas prácticas aberrantes que se ejercen en contra de las niñas en este país, tiene que cumplir con la ley.
Sin duda cada día que pasa se acumulan nuevos elementos que obligan a reflexionar acerca de la ruta equivocada que se impulsa desde el desgobierno Morenista para nuestro país.
No nos gusta lo que vemos, nuestra oportunidad para recomponer el rumbo es el 6 de junio vamos a aprovecharla. Les invito a votar por la Coalición PRI, PRD, PAN.
A Votar por el PRI
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