Por Alejandro Mondragón
La polémica por el debate a la alcaldía de Puebla no es imputable a los candidatos/as, sino a la autoridad electoral.
El problema se registró desde que el Consejo Municipal Electoral cometió varias irregularidades.
Desde que recibió la solicitud del equipo de Claudia Rivera Vivanco en violación a lo que marcan los lineamientos de debates: sin sellos de recibido (fuera de tiempos de fechas).
Luego, se presentó y aceptó otro oficio ya corregida la anomalía, pero no se informó a unos partidos, a otros se les señaló que habría debate con diferentes fechas.
Tampoco se comunicó a consejeros ni a representantes de los partidos políticos hasta declararse el Consejo Municipal incompetente.
Así se consiguió que el Instituto Estatal Electoral modificara de última hora los lineamientos de los debates (artículo 4, fracción II), en donde se establecía que el Consejo aprobará criterios y resolverá casos no previstos en la norma para asumir la realización del debate.
Por ello, el IEE ha tenido que ejecutar dos acuerdos (ante las irregularidades exhibidas). Uno para el sí al debate, aunque ello implique absorberlos 700 mil pesos de su costo y no los partidos, con tal de quedar bien con la candidata morenista, Claudia Rivera Vivanco.
El otro acuerdo es el no al debate por todas las anomalías y fallas detectadas de origen y ejercicio, a las que incurrieron la presidenta y secretario del Consejo Municipal Electoral, así como los gastos que repercuten en los topes de campaña de los candidatos y la fiscalización no prevista.
Por eso, ahora han lanzado la pelota a la cancha del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que asuma la realización del debate o emita un acuerdo sobre si sí o si no habrá debate.
Lo cierto es que el debate ya no cambia nada.
