Por Valentín Varillas
Lejos, muy lejos ha estado el gobierno federal, de honrar con hechos los postulados de su Guía Ética para la Transformación de México.
Ha dejado hacer y ha dejado pasar actos de corrupción que en teoría no tendrían cabida en estos nuevos tiempos de cambio político en México.
Así ha sido la tónica desde el inicio del sexenio.
Tal vez resulte ya cansón y repetitivo, el recordar asuntos como las multipropiedades no reportadas en las declaraciones patrimoniales de personajes clave en el círculo íntimo del presidente, con importantes responsabilidades en el organigrama oficial.
A muchos quizás les moleste también, el hacer referencia a la entrega de dinero en efectivo al hermano del jefe del ejecutivo federal para “sumar” al proyecto.
Recursos no enterados a las autoridades electorales y por lo tanto, ajenos a su fiscalización.
Los órganos de control interno han sido, por decir lo menos, omisos, en entrarle de lleno a estos espinosos temas.
Es más, hoy lucen ineficientes e inoperantes ante la contundencia de investigaciones periodísticas que han tenido mucho mayor alcance que su propio actuar.
Tomaron medidas únicamente porque fueron descubiertos.
El colmo llegó con el abierto tráfico de influencias.
Lo que se supone ya no pasaría en esta mal llamada Cuarta Transformación.
El favorecer a familiares y amigos con jugosos contratos y millonarios negocios al amparo del poder.
Ahí está la prima Felipa, como demoledor ejemplo.
Contratista consentida de Pemex y ahora terrateniente, propietaria de predios estratégicamente comprados alrededor de lo que será el Tren Maya, gracias al manejo de información privilegiada.
Lo mismo hicieron los peñistas con el proyecto del NAIM en Texcoco.
Ese fue el argumento demoledor que el propio presidente le dio a los inversionistas, como justificación a su cancelación : “no voy a invertir dinero público para darle plusvalía a sus terrenos”.
Parece que con la familia, se aplica una lógica completamente distinta.
La de la congruencia en los bueyes de mi compadre.
Y la mata seguirá dando en la recta final de este 2020.
Sigue el escándalo “Vitol”, empresa suiza que asegura haber pagado sobornos a representantes de este gobierno, a cambio de contratos con Pemex.
En redes sociales, ya se le conoce como el Odebrecht de la 4T.
Y con razón.
El sentido del voto de más de 30 millones de mexicanos fue bajo la lógica de erradicar estas prácticas de la política y el servicio público mexicano.
No para que el mismo negocio simplemente cambiara de accionistas.
El eje discursivo del actual grupo en el poder ha sido la honestidad a prueba de todos.
Podían fallar en cualquier otro rubro del ejercicio de gobierno, menos en este.
¿Qué sigue si llegamos a la conclusión de que los abanderados del cambio se parecen espantosamente a quienes, a través del voto masivo y después de muchos años, echamos fuera del poder?
