26-11-2020 08:59:41 AM

Rechaza Gobierno persecución política

Karina Fernández |

 

Las investigaciones contra el diputado Gerardo Islas Maldonado por irregularidades en la aplicación de recursos públicos para las labores de reconstrucción de Puebla por el sismo de 2017 no han sido suspendidas y siguen su curso.

Así lo informó el gobernador Miguel Barbosa tras la visita del legislador poblano y presidente de la asamblea nacional de Fuerza Social Por México, y de Rafael Moreno Valle Buitrón como presidente estatal del nuevo partido político; encuentro del que no entró en detalles.

A la par, el mandatario estatal deslindó a su gobierno de las denuncias penales que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó en contra del diputado José Juan Espinosa, así como una supuesta persecución política en su contra.

“No hay utilización de las instituciones, no lo hay. Los que lo dicen son los que violaron la ley y pensaban que nunca se iba a conocer lo que habían hecho; uno se escuda en un fuero de diputado federal y el otro ya no lo tiene, pero no se trata de perseguir a nadie”, sostuvo.

Explicó que la auditoría lleva a cabo un trabajo permanente y de detectarse irregularidades, documentos falsos u operaciones simuladas como ocurrió en las cuentas públicas del ex presidente municipal de San Pedro Cholula tiene la obligación de presentar las denuncias correspondientes.

En consecuencia será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que determine y acredite la comisión de algún delito para ejercer acciones en contra de los responsables.

“Se presenta la denuncia y la fiscalía determinará si debe judicializarse o no. No es un argumentó ético decir que por el gobierno del estado se les persigue políticamente. Tendrán su derecho de defensa, de ser escuchados y de presentar las pruebas y hay una definición sobre inocencia pues no habrá un proceso”, abundó.

Cabe mencionar que el diputado José Juan Espinosa ya respondió con una denuncia en contra del auditor Francisco Romero Serrano por abuso de autoridad y desvío de recursos públicos, por un monto cercano a los 10 millones de pesos sobre los cuales no precisó.

Indicó que no ha sido notificado de las denuncias presentadas en su contra pero se dijo dispuesto a comparecer ante las autoridades y entregar la documentación necesaria ante la fiscalía para aclarar los señalamientos.

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