Por Valentín Varillas
De todos los fideicomisos desaparecidos por el legislativo federal, uno era al que más ganas le traía el presidente López Obrador.
Y es que, su operación tuvo en su momento implicaciones políticas que lo afectaron electoralmente.
Me refiero al que le otorgó la Secretaría de Relaciones Exteriores a la fundación Juntos Podemos, que encabezaba la panista Josefina Vázquez Mota.
Mil quinientos millones de pesos recibió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Para muchos, recursos fueron un pago político, primero, por dejarse sacrificar en el proceso presidencial del 2012, facilitando el regreso del PRI a Los Pinos y afectando directamente al otro competidor: Andrés Manuel López Obrador.
El pacto Peña-Calderón se sellaba de esa manera y tenía, más allá de las obvias implicaciones electorales, alcances de absoluta impunidad.
En este contexto, se entiende ahora que, a pesar de haber sido llevada “al matadero”, la panista se mostró siempre calmada, siempre ecuánime, ante un torneo de supuestas deslealtades y traiciones que ameritaban, por lo menos, su renuncia al partido.
Nunca rompió, siempre se comportó de acuerdo con los dictados de una institucionalidad a prueba de balas.
Tal vez por eso, no fue casualidad su presencia en la toma de protesta de Peña Nieto.
Tal vez tampoco lo fue, el lugar de privilegio que el priista procuró darle para ser testigo de su llegada al poder.
Mucho menos casuales resultarían las declaraciones a los medios de comunicación en donde abiertamente reconoció que Peña la había invitado personalmente al evento y que ocasionalmente platicaba con él sobre la realidad del país.
Un poco para cuidar las formas, la ex candidata presidencial aseguró que vigilaría desde su trinchera que se cumplieran todas y cada una de las promesas que se hicieron en campaña.
En medio de escándalos como el de Monex y Soriana, que empañaron su victoria en las urnas, “legitimidad” era la palabra clave para Peña al inicio de ese sexenio y qué mejor que esta viniera de alguien que había sido derrotada en aquel polémico proceso.
La segunda parte del pago de la factura, se dio durante las elecciones locales del estado de México en el 2017.
En la estrategia electoral marcada desde Los Pinos, había que hacer ganar a como diera lugar, al candidato de Peña, al compañero de grupo, al paisano, al amigo; al gris Alfredo Del Mazo.
Las encuestas marcaban un escenario de elección muy cerrada entre el priista y la candidata de AMLO, Delfina Gómez Álvarez.
Había que echar mano, otra vez, de los “aliados” disfrazados de opositores para diluir aunque fuera un poco el voto anti-priista.
En el PRD echaron mano de Juan Zepeda.
Al interior del PAN, nuevamente salió a escena Josefina Vázquez Mota.
A pesar de que había mostrado ya que era un pésimo producto electoral, no había otro panista de cepa que se restara a entrar a una elección para perder y hacerla de comparsa al priismo.
Y además, había que desquitar los mil quinientos millones “regalados”.
Haciendo un penoso papel, obteniendo apenas el 11 por ciento de los votos y quedando en cuarto lugar, Vázquez Mota nuevamente cumplía con su misión de ayudar al régimen priista al que tanto le debía.
