Por Valentín Varillas
La Sedena compró diésel robado para las labores de construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.
500 millones de pesos, de acuerdo a lo publicado en medios.
Sí, la instancia que tendría que combatir este delito, se hizo socia de quienes lo operan.
Por lo menos en este proyecto.
Así que, desde el oficialismo, no sólo se tolera sino que se fomenta abiertamente el crecimiento exponencial de esta práctica.
Como antes.
En Puebla, desde que se echó a andar el sistema RUTA en tiempos de Moreno Valle, se sabe que las unidades alimentadores se surten de huachicol para mantener a raya los costos de operación y no verse obligados a aumentar las tarifas.
A pesar de lo que se maneja en la siempre convenenciera narrativa oficial, no hay cambio alguno en materia de este delito.
Ni en el tradicional, ni en el fiscal.
Una modalidad que no es nueva, lleva operando por varios años con la protección de las autoridades federales, pero que recientemente se expuso públicamente como uno de los grandes lastres que afectan las finanzas de Petróleos Mexicanos.
Existen puntos específicos en las principales autopistas del territorio nacional, en donde a plena luz el día y a la vista de todos cargan combustible robado, o de contrabando.
Lo mismo sucede con las unidades del transporte público que dan servicio en varios municipios de Puebla.
Cargan a pocos metros de las gasolineras legalmente establecidas, en donde antes de la masificación del combustible robado, acostumbraban a surtirse.
Estos mismos expendio ya recurren a las bandas dedicadas a este ilícito, para no salirse del mercado ante la decisión oficial de reducirles el subsidio al IEPS.
Y así con varios sectores de la industria nacional, que lo compran como estrategia única de supervivencia.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y de acuerdo con datos de Pemex, en México se registraron más de 72 mi tomas clandestinas para ordeñar los ductos de la paraestatal.
A finales del 2018, cuando recibió el país de manos del priista Enrique Peña Nieto, la cifra alcanzaba apenas las 28 mil.
Durante el primer gobierno de la 4T, el quebranto oficial fue de 76 mil millones de pesos.
La cifra, aunque impresionante, no refleja con exactitud la cantidad de dinero que pierde el gobierno federal por este delito, ya que incluye únicamente casos con dictámenes formales y carpetas de investigación abiertas.
La realidad es mucho más complicada.
Existen estados del país en donde Petróleos Mexicanos reporta “cero pérdidas” económicas en términos de huachicol, pero que tuvieron un aumento exponencial en el número de tomas clandestinas descubiertas en su territorio.
Hay un subregistro intencional que, en los seis años anteriores, generó un tramposo manoseo de los números.
AMLO, en cientos de mañaneras, nos vendió que el robo de combustibles se había reducido hasta en un 92%.
Falso.
La realidad es que vivimos el momento cumbre de la cultura del huachicol.
Por más operativos espectaculares que nos ofrezcan chivos expiatorios para calmar a la opinión pública y publicada, este negocio se ha movido siempre y hasta la fecha, desde lo más alto del poder político.
Con los miles de millones que esto supone.
