Por Alejandro Mondragón
En materia de violencia de género, Puebla está igual que en el morenovallismo.
La razón es simple: en la Fiscalía General del Estado siguen las mismas personas que operaban en tiempos de Víctor Carrancá.
Un caso es el de María Eugenia Calderón Olimán. Ella se encargó de la fiscalía especializada en derechos humanos, luego la pasaron a la de Anticorrupción.
Y este año, llegó como fiscal especializada en atención a la violencia de género.
El resultado el mismo. Un alto índice de feminicidios, más de 85, quejas por la re victimización que realiza y hasta cierto punto el encubrimiento en las denuncias, porque las mujeres que acuden jamás tendrán la razón y menos el tiempo de exponer que se encuentran en riesgo.
Calderón Olimán, eso sí, se la pasa como fiscal para las víctimas de violencia de género en la impartición de cursos a funcionarios/as municipales sobre las medidas anticorrupción.
Lo que le ocupan no son las víctimas, sino los cursos que le dejan, esperemos que no dinero, pero sí posición política para defender las causas de sus clientes.
El fiscal Gilberto Higuera Bernal ni ata ni desata, ni cuando las críticas nacionales por los casos de violencia de género o feminicidios acaban en el enjuiciamiento del gobernador Luis Miguel Barbosa.
Calderón Olimán fue señalada por proteger a los morenovallistas en las denuncias por corrupción, gracias a sus vínculos con Carrancá, a quien le rinde cuentas.
En lugar de proceder, Higuera Bernal la premió con la Fiscalía Especializada en Atención a la Violencia de Género, área que ha sido incapaz de cumplir su cometido y las denuncias acaban en la arena mediática y redes sociales con acusaciones al gobernador de solapar, lo que seguro ni por enterado está.
