Por Valentín Varillas
Curiosamente, fue un destacado poblano- experto en el manejo de las finanzas públicas nacionales- el que, en una privadísima reunión, le recomendó al presidente López Obrador desaparecer algunos de los fideicomisos vigentes, para enfrentar las necesidades presupuestales del inicio de su sexenio, sin tener que sacrificar el gasto público.
No todos, evidentemente.
Solo los que llevaban a cuestas el apestoso tufo de la corrupción.
Esto sucedió en los primeros meses de la actual administración federal.
Mucho antes de que la pandemia viniera a cambiarlo todo.
AMLO sacó del archivo muerto la propuesta y la aplicó a rajatabla.
De acuerdo a su muy personal estilo.
Ese que prefiere desaparecer, antes que limpiar.
La lógica más elemental indica que si algún proyecto o desarrollo se ha infectado con el contagioso virus de la corrupción, vale la pena sanearlo, antes que arrancarlo de tajo.
Sucedió con el Nuevo Aeropuerto, con las consecuencias en materia de gasto público y falta de confianza que la decisión trajo.
Existen fideicomisos que juegan un importante papel en el desarrollo científico, social o cultural del país y que cumplen cabalmente con la función para los que fueron creados.
Otros, en cambio, han operado en la más absoluta opacidad y han servido como herramienta para el desvío de recursos públicos.
Según datos del Centro de Análisis e Investigación Fundar, en México existen 337 fideicomisos públicos a nivel federal, sin estructura administrativa y que tienen un capital disponible de más de 772 mil millones de pesos.
Según este centro, únicamente 19 tienen una estructura “que permite su fiscalización y seguimiento”.
Y agrega:
“…al 31 de diciembre de 2017, al menos 139 de los fideicomisos con recursos públicos están constituidos en instituciones financieras privadas, por lo que más de 69 mil mdp son imposibles de fiscalizar, ya que su información está protegida por el secreto fiduciario y el principio de confidencialidad”.
En su reporte “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”, Fundar demuestra cómo, históricamente, este mecanismo ha sido utilizado con absoluta opacidad, a pesar de las cantidades millonarias de recursos públicos que manejan y cómo el legislativo federal ha sido cómplice al aprobar sobre-ejercicios presupuestales con los que se fondean los fideicomisos.
“… desde 2013 se han registrado sobreejercicios importantes en los recursos destinados a Fideicomisos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para 2017 el monto aprobado fue de 42 mil 737 mdp y al cierre del año se ejercieron 310 mil 637 mdp, lo que significa que se gastaron 267 mil 900 mdp más de lo aprobado por el Congreso sin ninguna explicación”.
El poder recuperar parte del dinero que discrecionalmente se maneja a través de los fideicomisos, en un contexto tan complicado, se vuelve fundamental.
Desgraciadamente, faltaron la calma y la profundidad necesarias en el análisis y acabarán pagando justos por pecadores.
