Por Valentín Varillas
El balón está en la cancha del Tribunal Electoral Federal.
De cómo resuelva las impugnaciones que presentarán las Asociaciones políticas a quienes el INE les negó el registro como partidos, dependerán las opciones que el electorado tendrá al momento de acudir a las urnas el próximo año.
No es poca cosa.
Mucho menos en un contexto de altísima polarización, como el que se vive actualmente en la política mexicana.
En el sentido de su resolución, va también implícita la estrategia que llevarán a cabo los diferentes grupos que buscan tener un papel protagónico en el proceso electoral.
De ahí se van a determinar alianzas, amarres, acuerdos, pactos y hasta potenciales reconciliaciones.
Y es que es mucho lo que está en juego.
La elección más importante no solo para la actual élite en el poder, también para sus opositores.
Por eso, las calenturas políticas se sudan con tanta intensidad.
Pesa tanto el 2021 que el presidente no tiene empacho en hacer pedazos la investidura y subirse de lleno al ring electoral.
Vaya prueba para las instituciones garantes de nuestra democracia.
Su actuar estará siendo analizado con lupa y en permanente escrutinio público.
Un reto enorme, como el que tuvieron que afrontar en el 2018, en la lucha electoral por la gubernatura poblana.
Y es que, en esa coyuntura, estaba en juego algo mucho más importante que la definición de un mandatario estatal.
En el voto de los magistrados iba implícita la definición de todo el proyecto opositor a Andrés Manuel López Obrador y la conformación de un candidato presidencial para enfrentar a la 4T en el 2024.
Tener el control absoluto de Puebla era fundamental para el tan ansiado “proyecto”.
Ese que era la más grande obsesión de Rafael.
En diciembre del 2018, con el caso Puebla, el TEPJF -que entonces encabezaba Janine Otálora Malassis- le dio forma a uno de los más extraños, bizarros y controvertidos resolutivos en la vida política del país.
Muchas y muy severas dudas surgieron a partir del cerradísimo voto de aquella mayoría de magistrados.
Dos años después, no puede darse el lujo de semejante “exquisitez pequeño-burguesa”.
Por la credibilidad de nuestras instituciones y por el bien de lo que llamamos nuestra “democracia”, su resolutivo en torno a quiénes sí y quiénes no merecen su registro como partido deberá de ser ejemplar, pulcro y sobre todo, apegado a la más rigurosa legalidad.
