Por Valentín Varillas
Sí, los números indican que más de treinta millones de votos llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República.
Por mucho, el presidente con mayor legitimidad de la historia.
Esto demuestra la confianza que su proyecto político despertó en su momento entre los votantes potenciales.
Pero, sobre todo, el triunfo arrasador de AMLO en las urnas es la muestra clara, contundente del enorme rechazo a modelos de gobierno anteriores, que no solo se quedaron muy cortos en cumplir con lo que en su momento prometieron, sino que aprovecharon su cargo para institucionalizar la corrupción y enriquecerse al amparo del poder.
Calderón y su fallida estrategia de seguridad, por ejemplo.
Sus pactos secretos con las mafias que teñían de sangre la cotidianeidad nacional y cuya impune operación vistió de luto a miles de familias mexicanas.
No es casual que su brazo derecho, su hombre de confianza, el pilar de las políticas públicas ensayadas en materia de seguridad pública durante su sexenio, esté siendo juzgado en los Estados Unidos por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.
Tampoco que haya podido hacerse de una gran fortuna personal, imposible de lograr únicamente con su sueldo como funcionario público.
A finales de marzo pasado, Genaro García Luna ofreció a un juez federal de Nueva York una fianza de dos millones de dólares para que le permitieran seguir su proceso en libertad.
Por otro lado, el regreso del PRI a Los Pinos será recordado por siempre como el sexenio de la corrupción pública al más alto nivel, el del uso y abuso de las instituciones para el enriquecimiento personal y sobre todo, el de la incapacidad monumental para llevar – siquiera con algo de decoro- las riendas de este país.
Una administración a fondo perdido.
Seis años de auténtica pesadilla.
Desde antes de su llegada al poder, el tufo de la corrupción hedió en casos como los de Monex o Soriana.
Luego: Higa, La Casa Blanca, La Estafa Maestra y por supuesto, Odebrecht; el tema que trae en vilo al círculo de poder que rodeó a Enrique Peña Nieto.
Hubo pruebas claras, contundentes, que demostraron en su momento que ese gobierno no solo toleraba, sino que fomentaba actos de corrupción al más alto nivel, para beneficio de quienes formaban parte de lo más granado de la élite política y del servicio público.
Por eso, la sistemática y constante caída en picada en los niveles de popularidad y aceptación del presidente, al grado de que terminó su administración siendo rechazado por un 80% de los mexicanos y con una falta de credibilidad superior al 93%.
Nunca, desde que existe la medición, un mandatario mexicano había reportado semejantes números.
En este contexto, la exigencia de un cambio era natural.
Los dos presidentes anteriores fueron los mejores impulsores del proyecto de López Obrador; sus principales e involuntarios promotores.
Sus acciones, omisiones y corruptelas hicieron que, por lo menos en el papel, el tiempo le diera la razón.
Llama la atención que, los principales críticos de este gobierno, con o sin razón, hayan fracasado enormemente cuando tuvieron la oportunidad de hacer lo que hoy exigen que se lleve a cabo.
Si no querían que López Obrador llegara a la presidencia, debieron haber gobernado mucho mejor.
