Por Karina Fernández
En comisiones unidas de Gobernación e Igualdad de Género del Congreso de Puebla, diputados aprobaron reformas constitucionales para eliminar la diputación de primera minoría, y para garantizar el principio de paridad de género en los nombramientos de los titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo, de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) así como en regidurías.
La primera plantea que los candidatos de representación proporcional que ocupen los lugares que correspondan a cada partido político salgan únicamente de las listas que hubiere presentado cada instituto político, eliminando la figura del “gran perdedor” que permitía a quien buscaba el voto directo de la gente pero perdía con el menor margen de diferencia, ocupar una curul de forma plurinominal.
Referente a la paridad de género, la diputada del PRI, Rocío García comentó que el dictamen cumplió con una homologación de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de junio de 2019 en la materia que el Congreso del estado no había armonizado en su Constitución Política.
“De eso se trata esta iniciativa, que comúnmente ustedes han escuchado que se llamó paridad en todo y que justamente incluye ya en el ámbito de la competencia de los niveles de gobierno el poder incorporar de la forma en lo que marca la normativa establecida el principio de paridad”, abundó.
El dictamen establece que también se observará que se cumpla con el principio de paridad de género en la integración de los organismos autónomos, en los municipios con población indígena, en la elección de diputados por el principio de representación proporcional y órganos jurisdiccionales.
En una maratónica sesión, también se aprobó un paquete de reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla (COIPEP) para sancionar la violencia política de género y que el Congreso designe al titular del Órgano de Control Interno del Instituto Electoral del Estado (IEE).
Los legisladores dieron el visto bueno a la restricción para que se postule por un cargo de elección quien haya sido sancionado por conductas misóginas o incumplan con el pago de pensión alimenticia.
El dictamen propone que el responsable de violencia política de género recibirá una sanción económica e incluso podría perder el cargo, además de que al partido que lo postuló se le retirarán sus prerrogativas e incluso estaría en riesgo de perder el registro como partido político local, esto a propuesta de la diputada Rocío García cuya iniciativa ingresó al arranque de la legislatura.
