Por Jesús Manuel Hernández
Por muchas décadas la destrucción del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla estuvo al antojo de los gobernadores. Los intereses del sistema de complicidades de propietarios y políticos dominaron y respaldaron la destrucción de edificios simbólicos de la ciudad en aras de la modernidad.
La ciudad perdió una buena parte de su patrimonio. En aquellas épocas el doctor Efraín Castro Morales se convirtió en el enemigo de la llamada “piqueta clandestina”, respaldado por defensores del patrimonio como Pablo Ramón Loreto o Fernando Salazar por citar algunos.
Con las leyes federales la llamada Zona de Monumentos se protegió un buen número de manzanas y edificios, más de dos mil, que quedaron resguardados en lineamientos federales representados por la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, y sus funcionarios, quienes encontraron la forma de sobrevivir y generar jugosos ingresos amparados en la defensa del patrimonio, pero negociado a favor de los intereses de los propietarios que veían ingresos con base en el frente de los vanos y el “fachadismo”. Y tuvieron cómplices.
Muchos nombres podrían desfilar en estas líneas en el conjunto de los cómplices de la destrucción del patrimonio. Están a la vista de todos, como diría el referente bíblico, “por sus frutos los conoceréis”.
Los tentáculos de la mafia del INAH crecieron al amparo de la plusvalía de los predios y las recomendaciones de los gobernadores. Quizá el último que tomó en cuenta las recomendaciones fue Manuel Bartlett, pero después de él, la mafia creció, se empoderó y dejó como huellas visibles, tangibles, la desaparición de los organismos de protección de la zona monumental, como el Consejo del Centro Histórico, por ejemplo, liquidado por Mario Marín.
La presión de Rafael Moreno Valle, gobernador reciente, dejó secuelas mayúsculas, como la destrucción de la casa del maestro Márquez Figueroa, en la Plazuela del Torno, para edificar una de las bases del teleférico, un asunto que fue llevado ante la Unesco, como ejemplo de la complicidad de autoridades y destructores de la ciudad.
Vino después el impulso de las terrazas y la construcción de dos o tres pisos en sitios emblemáticos, como el zócalo de la ciudad, en “aras del turismo”.
Hubo además momentos estelares, los sismos que dañaron el centro de la ciudad y otras poblaciones de la entidad. Los de 1999 y 2017 fueron quizá los que más utilidades dejaron a la mafia del INAH.
Constructores afiliados a colegios profesionales y cámaras del gremio, en complicidad con los delegados del INAH y funcionarios del Centro Histórico, formaron un consorcio a la palabra, para autorizar inversiones y restauraciones sin juicios profesionales, donde funcionarios de medio pelo del INAH, e incluso algunos delegados, se vieron beneficiados de empresas cuyos propietarios ni siquiera contaban con estudios profesionales especializados en el tema; lo importante no era reconstruir, consolidar edificios, más bien era hacer negocios.
Empresarios de la transformación metidos a la construcción en complicidad con el delegado del Capfce, desvíos de recursos del gobierno federal para obras sin beneficio para las zonas monumentales, todo avalado por la delegación del INAH, a donde aterrizaron personajes que bien merecen columnas aparte, pero curiosamente avalados por la administración central. Muchos de ellos fueron beneficiados por el morenovallismo.
En los últimos meses, ante la llegada de la 4T, hubo cambios notables en la delegación Puebla del INAH. Llegó el arquitecto Ambrosio Guzmán, experto en restauración, con antecedentes en el rescate del patrimonio edificado de la Buap, quien empezó a tocar puntos muy sensibles de la estructura burocrática y la red de complicidades que permitió el avance, diría Efraín Castro, de la “piqueta clandestina”.
De balde los homenajes por reconocerle la labor del único Cronista de la Ciudad de Puebla, desde el gobierno de Carlos J. Arruti, aún vigente, se trata de un cargo de por vida. Aflora la nata de la mafia de la corrupción.
Ambrosio Guzmán no se sujetó a la mafia, denunció, presentó documentos, avaló sus dichos con papeles, pero el hilo se revienta por lo más delgado.
Así que, fue cesado, aunque el titular del INAH dijo que fue una “renuncia”. Y el hecho viene a presentarse en medio de un galimatías que puede sacar lumbre y dejar a muchos notales apellidos, manchados de corrupción.
¿Qué orilló la salida de Ambrosio Guzmán del INAH? ¿Acaso sus denuncias sobre corrupción, su postura frente a las magnas obras del actual gobierno como el traslado de la Estrella de Puebla?
Quizá en esta última tesis se encuentre el origen.
Es de todos sabido que Guzmán se opuso a los intereses de los propietarios de los predios de la zona del Paseo de San Francisco interesados en trasladar a la “Estrella de Puebla” a la zona aledaña a Casa Aguayo. Hay mucho dinero en juego, hay muchos intereses conflictuados.
Algunos investigadores de la Buap, defensores del patrimonio edificado, se opusieron y dejaron entrever su postura no hace mucho, avalados por Ambrosio Guzmán, asunto que disgustó no sólo a los propietarios de los predios que pasan por problemas de liquidez, y asesorados por un ex delegado del INAH y ex gerente del Centro Histórico, sino al inquilino de Casa Aguayo.
Ambrosio Guzmán salió y en su lugar llegó el ex director de Monumentos, quien seguramente seguirá protegiendo a la mafia del INAH. ¿Porqué? Pue simplemente porque no ha sido autorizado el traslado de la Estrella de Puebla.
O por lo menos, así me lo parece.
