Por Jesús Manuel Hernández
Un nuevo elemento para el rompimiento de las partes integrantes de la sociedad poblana con la 4T acaba de debutar y su recepción ha generado una de las máximas incomodidades, la aprobación de la Ley de Educación ha provocado la unión y reaparición del Consorcio Universitario al lado de varios organismos patronales y de asociaciones de padres de familia.
Entre los rectores empieza a llamársele la “Ley Barbosa” a manera de cómo en el pasado al morenovallismo se le criticó cuando la “Ley Bala”.
Alegan que se trata de una iniciativa no consultada con los actores de la impartición de la educación, más bien derivada de una determinación política que del análisis científico y legal.
Coloquialmente se refieren al punto de la uniformidad de colores neutros de las instalaciones y el riesgo de ser extremadamente vigilados con el manejo y obtención de recursos económicos, se quejan de la incertidumbre jurídica en la que estarán luego de su aplicación. Hay documentos en internet que pueden consultarse sobre los alcances de la Ley y las evaluaciones del Consorcio Universitario.
¿Por qué el gobernador Miguel Barbosa abre otro frente con las universidades y el sector privado de Puebla?
Quizá muchos no lo recuerden, pero en el pasado estos sectores fueron colaboracionistas del fraude electoral, callaron ante el robo de urnas y fueron una de las plataformas de apoyo de los gobiernos panistas.
En varias ocasiones el gobernador se ha referido a la necesidad de revisar el otorgamiento de las llamadas Rvoes, o sea el reconocimiento de validez oficial de estudios, que en el pasado sirvió para compensar los apoyos y el silencio frente a las arbitrariedades y complicidad de los sectores público y privado.
Lo que hace años era el otorgamiento de concesiones de rutas del transporte urbano o permisos para taxis para quienes ayudaban al gobierno, se convirtió en otro jugoso negocio, el de la educación.
O acaso alguien ha olvidado cómo ante la excesiva demanda de matrícula a la universidad pública y la reducción de aprobaciones por el examen del College Board empezaron a surgir universidades privadas, coloquialmente llamadas “patito”, muchas de ellas ligadas a políticos, funcionarios públicos y de la universidad pública, donde materialmente se les ve la cara a los estudiantes.
Ahí están aún los ex secretarios de educación del estado en el pasado, salvo Luis Maldonado, que bien pudieran ser llamados a cuenta.
Para muchos esta acción del gobierno puede constituir una venganza, un ajuste de cuentas, de la mano de la puesta en la cárcel de Eukid Castañón, para otros es un nuevo caso donde los justos, pagarán por los pecadores.
O por lo menos, así me lo parece.
