Por Valentín Varillas
La Secretaria de Gobernación federal, desde hace tiempo, dejó de sumarle a la famosa 4T.
Hoy, no aporta nada.
Poco a poco, en apenas 17 meses de gestión, ha sido reducida a su mínima expresión.
Es el equivalente a un incómodo florero que hay que acomodar en alguna parte del mobiliario burocrático nacional, pero que de plano no acaba de combinar con la actual decoración.
Y se trata de la “jefa del gabinete”, la que ocupa la secretaría de estado más poderosa e influyente en el gobierno de la República.
Los dislates han estado a la orden del día: tanto en la forma como en el fondo.
La encargada de la política interna del país, públicamente expresó su apoyo a Jaime Bonilla y la aberrante ley aprobada por el congreso de Baja California, que le permitía quedarse en el poder más tiempo que por el que fue votado.
Un video publicado en redes sociales no deja lugar a dudas: “… para mí es legal; se debe quedar”, le dijo convencida al mandatario estatal.
Grave que la Secretaria de Gobernación otorgue su aval a una de las aberraciones democráticas más descaradas que se han visto en la historia moderna del país.
Sobre todo, en el contexto de sus antecedentes profesionales como ministra de la SCJN, instancia que hace un par de días dio marcha atrás a la intentona de ampliación de mandato de Bonilla.
Hay a quienes, sin embargo, no les sorprende.
Recuerdan que Sánchez Cordero votó a favor del ex gobernador poblano, Mario Marín, en el juicio que la corte llevó a cabo en su contra por violaciones graves a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
Al inicio de su gestión, la titular de SEGOB complicó mucho el ambiente político poblano, después del accidente en donde perdieron la vida Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle.
En las mesas de negociación que se llevaban a cabo en la capital del país, Sánchez Cordero y su escudero, Zoé Robledo, pugnaron por dejar que el grupo político de RMV llevara mano en la designación del gobernador interino.
Pare ella, se trataba de un tema de coherencia.
Designada por el presidente para asistir a la ceremonia fúnebre, por la relación cercana de amistad que Sánchez Cordero tiene con los Moreno Valle, al momento del pésame fue donde implícitamente dejó ver que intercedería para que se quedaran con la gubernatura interina.
En Palacio Nacional, tenían otra visión del asunto.
Al no haber un impedimento legal para ejercer el derecho que les da el ser mayoría en el congreso poblano, Morena debía de hacerlo valer, a pesar de la tragedia.
Uno de los privilegios elementales de haber obtenido más votos que sus adversarios y por lo mismo, un mayor número de posiciones en el legislativo local.
Y así se hizo.
Y los bonos de Sánchez Cordero bajaron ante el presidente.
Tal vez por eso, a partir de ahí, tuvo nula influencia en el trabajo integral de varias dependencias en temas prioritarios al inicio de la administración, como la estrategia de combate a las bandas dedicadas al robo de combustible, la lucha en contra de la delincuencia –común y organizada-, además del intenso cabildeo y debate alrededor de la creación y operación de la Guardia Nacional.
En meses recientes ha sido relegada de asuntos de mucha importancia en el ejercicio de gobierno, como le tema migratorio con Estados Unidos, la masacre en contra de miembros de la familia Le Barón o el operativo de detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del famoso “Chapo”.
Tampoco ha servido como un canal efectivo de negociación con las fuerzas políticas de oposición al gobierno de López Obrador, lo que explica el rompimiento de facto que existe actualmente entre el ejecutivo y el legislativo.
Parte de estas responsabilidades, por orden presidencial, han recaído en Marcelo Ebrard, actual canciller mexicano, a quien muchos ubican despachando en la casona de Bucareli, una vez que sea superada la primera fase de la pandemia por Covid-19.
No está el país para tener una figura de ornato en la secretaría más importante del gobierno federal.
