Por Karina Fernández
No existe un padrón de los bienes inmuebles que la autoridad decomisa a la delincuencia ni un proceso adecuado a seguir contra aquellos que son sujetos a acciones de extinción de dominio, admitió el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Así justificó su iniciativa para la creación de la Ley para la Administración, Enajenación y Destino de Bienes Asegurados que envío al Congreso de Puebla para homologar el ordenamiento a la Ley General de Bienes del Estado.
De acuerdo con el mandatario, las autoridades involucradas se han visto envueltas en actos de corrupción y favoritismo sobre los bienes inmuebles que son sujetos a acciones de extinción de dominio pero que son devueltos a los propietarios.
Explicó que en varios casos los propietarios dicen desconocer el uso que se daba a los inmuebles que eran arrendados, sin que se compruebe si realmente estaban a margen de los ilícitos cometidos por los delincuentes
“Bienes que tuvieron que estar sujetos a acción de extinción de dominio porque en ellos o se cometieron delitos o son lugres en donde se instalaron ventas de drogas, deshuesaderos de vehículos o almacenamiento de mercancía robada fueron devueltos a sus propietarios bajo el argumento de que estaban siendo rentados y no tenían conocimiento de eso”, dijo.
En este sentido, detalló que su propuesta apuesta a establecer la regulación y administración de los bienes sujetos a la acción de extinción de dominio, a través de la creación del Instituto para la Administración de Bienes del estado.
Esta instancia que operaría como Organismo Público Descentralizado (OPD) estaría a cargo de vender, donar o subastar los bienes que la autoridad decomise a la delincuencia, incluso en favor de quienes hayan sido víctimas de delito.
Imposible solventar observaciones de la ASF
El gobernador Miguel Barbosa reveló que las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el gasto en 2018 a cargo de Antonio Gali Fayad ya habían sido identificadas por su administración derivado de las revisiones preliminares que iniciaron en su gobierno.
Se refirió a obras que se ejecutaron sin justificarse, por ejemplo en el caso de la línea 3 del Metrobús y la construcción del bulevar Carmelitas que fueron observadas por el órgano de fiscalización en su tercera y última entrega publicada la semana pasada.
“Hay obras que están gastadas y no están justificadas, no tiene documentación en relación al gasto realizado. Yo tenía información de eso hace no menos de un mes, es parte de lo que fluye día a día. De otras revisiones surgirán muchas más cosas”.
No obstante, señaló que su gobierno no tiene la documentación para justificar las observaciones hechas por la auditoría por lo cual tendrán que desahogarse los procedimientos y sanciones correspondientes a los responsables.
