Por Valentín Varillas
A finales del mes pasado, trabajadores de la Secretaría de la Función Pública del gobierno del estado de Puebla, hicieron llegar de manera formal su inconformidad por el maltrato del que son víctimas, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En el escrito, en donde anexan copia al presidente López Obrador, abundan sobre la penosa realidad que viven al interior de esa dependencia.
Hay párrafos que no tienen desperdicio.
Por ejemplo, en uno de ellos hablan de la extraña “protección” de la que goza la secretaria Laura Olivia Villaseñor Rosales, la cual parece darse más allá del ámbito de competencia del gobierno estatal.
Todo apunta que, las buenas ligas que tuvo en su momento con miembros del círculo cercano del ex presidente Peña Nieto, al parecer con el propio Miguel Ángel Osorio Chong, explica parte de lo anterior.
Y es que, en Hidalgo, estado en donde la influencia del hoy senador sigue siendo evidente, el despacho de consultoría de Villaseñor Rosales ha tenido un trato de privilegio como contratista del gobierno estatal.
Alguien que permanece cerca del actual gobierno federal, parece haberla recomendado para que llegara a Puebla a ocupar el cargo que hoy desempeña en el servicio público.
Lo anterior podría explicar la serie de desencuentros que la contralora ha tenido con Víctor Santiago Enríquez, subsecretario, un perfil de toda las confianza de Miguel Barbosa, quien lo incorporó a su gobierno como una de las piezas claves para detectar actos de corrupción cometidos en administraciones pasadas.
Este funcionario sigue al pie de la letra las directrices establecidas en este gobierno en términos del prometido combate a la impunidad transexenal, sin embargo, Villaseñor Rosales se ha encargado de sabotear cualquier avance que pudiera darse en la materia.
En contraparte, existen dos poderosos alfiles mediante los cuales, la Secretaria de la Función Pública ha podido establecer su auténtico reino del terror.
Sonia Cervantes, cercanísima al grupo morenovalllista, es quien define y opera la estrategia para amedrentar, vejar y sobajar a quienes son etiquetados como “incómodos” desde la oficina principal de la dependencia.
Fátima Berenice Valdivia López, es quien lleva a cabo las labores de “espionaje” en contra de los “enemigos” de la secretaria.
En su proceso de obtención de información, indaga en su vida personal, no tiene empacho alguno en mentir arteramente, además de tergiversar hechos y situaciones para sacar provecho y extorsionar a los aludidos.
Algunos de ellos han sido corridos de sus trabajos, sin recibir el pago que por ley les corresponde.
Por si fuera poco, Laura Olivia ha empezado una cruzada en contra de otros miembros del gabinete estatal.
Sus próximos objetivos: la Secretaria de Administración, Rosa Urtuzuástegui Carrillo y la de Bienestar, Lizeth Sánchez García, a quienes denuesta de manera sistemática en varios círculos públicos y privados.
Ojalá las instancias locales y federales que tienen ya conocimiento de lo que pasa al interior de la SFP poblana, tomen cartas en el asunto.
Valdría la pena que revisaran los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
El 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ya entrados en gastos, el 7 y el 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Todos, seguramente, los conoce de memoria Laura Olivia Villaseñor Rosales.
Lástima que, como funcionaria, haya decidido no honrar ninguno de ellos en su desempeño público.
