Por Valentín Varillas
Es evidente que, desde hace décadas, las notarías en Puebla se entregan como premios políticos para los aliados del gobernador en turno.
Casos que evidencian lo anterior, existen de sobra.
También resulta claro que, se trata de una fórmula de la que se abusó durante el moreno-galismo.
Hay una razón que explica, más no justifica lo anterior.
El gremio notarial fue utilizado hasta la saciedad durante estos regímenes, para avalar todo, absolutamente todo lo que se palomeaba desde lo más alto del poder político.
Al ser los tenedores de la fe pública, su supuesta elevada estatura moral les permitía, en teoría, ser un factor de legitimidad de las acciones de gobierno.
De todo tipo de acciones, hasta las más aberrantes.
Como el caso Chalchihuapan, por ejemplo.
Uno de los capítulos más oscuros y penosos de la vida notarial poblana se dio en plena crisis gubernamental por el asesinato a manos de policías del niño José Luis Tehuatlie Tamayo y la obsesión del entonces gobernador, Rafael Moreno Valle, de encubrir a los asesinos.
La CNDH había echado por tierra aquella versión oficial de los hechos, que desafiaba inclusive a las leyes de la física, pero que aun así era defendida a capa y espada por medios y columnistas poblanos.
El carrusel mediático pagado por el gobierno poblano ya no tenía efectos en términos de opinión pública.
En aras de salvar algo de credibilidad, canales de TV, estaciones de radio y medios impresos a nivel nacional fueron privilegiando la versión de la instancia encargada de la defensa de los derechos humanos, opacando a la del ejecutivo estatal.
Caos total.
Fue entonces cuando, un grupo de “notables” notarios, de manera absolutamente unilateral y sin el consenso de la totalidad del gremio, publicó un desplegado de “apoyo” a las acciones de gobierno.
Fue el 1 de agosto de aquel 2014, en El Sol de Puebla.
La ausencia de apoyos espontáneos al gobernador en esos tiempos difíciles era ya demoledora, contundente y desde lo más alto del poder político se presionaba a diferentes sectores a hacer pronunciamientos a favor del mandatario.
Algunos cedieron, otros no.
Como los notarios no podían ser tan burdos de subirse directamente al caso Chalchihuapan, tenían que idear algún tema que sirviera para justificar la publicación.
Y se lo sacaron de la manga, faltaba más.
El pretexto fueron las modificaciones a la Ley del Agua que obliga a darse de alta en el padrón de usuarios del agua potable y alcantarillado, a quienes pretendían tener certeza jurídica de su propiedad al registrar su escritura.
La medida daba facultades nunca antes vistas a los registradores públicos y se aprobó en el congreso para favorecer aún más a la empresa que tiene en sus manos la concesión en la capital y los 7 municipios conurbados.
El agradecimiento era, a todas luces, extemporáneo.
Las modificaciones se habían aprobado desde mayo, casi tres meses antes.
Recién aprobadas estas modificaciones, no existió pronunciamiento alguno por parte de los notarios a favor de su gobernador.
Mucho menos un agradecimiento tan sentido, publicado en el periódico de mayor circulación en el estado.
El desplegado era tan falso, que le dedicaba unas conmovedoras líneas al Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, uno de los peores damnificados por el tema Chalchihuapan, no solo por su enorme ineptitud como operador político, sino por haber sido el autor de la peor frase en la historia del servicio público poblano: “las piedras de gran calibre”.
A Maldonado, la cúpula notarial le reiteraba “el agradecimiento por el apoyo que ha dado a la función notarial y a los compromisos hechos con el Notariado Poblano en beneficio de la ciudadanía”.
¿Así, o más sumisos?
¿Así, o más agachones?
Hoy que se han detectado irregularidades importantes en la entrega de notarías, existe una obligación legal y moral de la actual administración estatal de llegar al fondo del asunto, hasta donde dé y caiga quien caiga.
Pero además, hoy más que nunca es necesario limpiar al notariado poblano de la contaminación política a la que ha sido expuesto en los últimos años.
La fe pública no debe tener colores, ni partidos.
Ya va siendo tiempo ¿no?
