Por Jesús Manuel Hernández
Días antes de finalizar el gobierno de Gali, en los pasillos de Casa Puebla se contaba que el ex mandatario, Rafael Moreno Valle, había ido a visitarlo, y que su semblante al salir de la oficina del gobernador en turno no era precisamente de haber tenido una charla amable, por el contrario.
Quienes entraron minutos después a ver al gobernador le encontraron con signo de malestar, de enojo.
Días después trascendería que el ex gobernador le había pedido a su sucesor autorizara el alza del pasaje y algún otro asunto en relación con la llamada Ruta 3, a lo que Gali se opuso y en consecuencia se provocó el malestar de Rafael quien quería dejar totalmente allanado el camino a su esposa.
La anécdota viene a la memoria por el anuncio hecho esta semana por el gobernador Miguel Barbosa en relación a que el alza del pasaje estaba pactada desde tiempo atrás y se venía posponiendo.
En los hechos reales, los concesionarios del transporte en la ciudad han tenido agarrada la sartén por el mango a todos los gobiernos. La fuerza de la mafia es muy grande como grandes son los intereses que protegen y más grandes aún las ganancias que se obtienen.
Ha existido desde siempre un mutuo interés entre quienes gobiernan y quienes prestan el servicio de transporte y es que en muchos casos se trata de dos bolsillos del mismo pantalón.
El problema no radica exclusivamente en el costo del pasaje, va más allá de los alcances de una tarifa que es la parte que afecta al usuario, pero esconde problemas más graves.
Según el documento divulgado por el gobierno, los transportistas se comprometieron a: Colocación de GPS, cámaras de seguridad y botones de pánico; modernización de las unidades de transporte; renovación de carta de no antecedentes penales de los choferes cada seis meses; respetar sus recorridos aprobados por la Secretaría; y garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad y de la tercera edad.
Quedan asuntos pendientes de fondo como el abono del pasaje único, el rediseño de rutas y el seguro para los pasajeros, más el respeto al reglamento de vialidad vigente.
Pero eso no es todo. ¿Qué hay de la relación obrero patronal? ¿Qué hay de las horas de trabajo de los choferes, de su seguridad, de prestaciones de ley, como Seguro Social, Infonavit y forma de pago? ¿Qué hay del pago de impuestos?
Hasta ahora no ha habido ningún gobernador que pueda meter en cintura a los transportistas.
O por lo menos, así me lo parece.
https://youtu.be/4Qb_Ora6KPI
