Por Valentín Varillas
El congreso local ha decidido aplazar, como lo viene haciendo desde hace varios años, la discusión sobre modificaciones de ley que despenalicen la interrupción del embarazo.
Nuevamente, criterios de moral privada se convierten en leyes de observancia obligatoria para todos, independientemente de principios, credos e ideologías.
La doble moral y la hipocresía, tienden otra vez un velo que impide que el asunto se analice como un problema de salud pública, al margen de sesgadas y ambiguas visiones moralistas o de carácter religioso.
Según cifras de la encuesta del INEGI sobre mortalidad fetal, tan solo en el 2017, se registraron en el estado 1,485 casos, el cuarto mayor número en todo el país.
Esta realidad, por sí sola, debería de ser suficiente para generar, desde el legislativo, un debate inteligente de ideas que permita ajustar la norma vigente a la situación actual.
Además, de acuerdo con el Sistema de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México, en los últimos doce años, más de 1,300 poblanas han acudido a la capital del país para proceder a una interrupción legal del embarazo, a través de hospitales y clínicas que operan bajo las normas y supervisión del Sector Salud.
A pesar de las políticas de abstinencia, que los sectores más radicales han tratado de promover como alternativa única para disminuir el número de mujeres que abortan, las cifras reflejan el aumento constante de casos de embarazos no deseados en el estado y la muerte fetal apunta a que se sigue recurriendo a clínicas que operan de manera clandestina en la entidad.
Curiosamente, estos sectores son los que de manera rabiosa se han opuesto a que niños y jóvenes reciban en las escuelas una educación sexual abierta y sin ambigüedades, elemento que ha probado su eficacia en la disminución de estos casos y en la incidencia de enfermedades de transmisión sexual.
Para ellos, interrumpir un embarazo es un crimen, pero no lo es el fomentar la ignorancia entre los sectores sociales más vulnerables.
Esos que, sobre todo en comunidades rurales, se enfrentan también a un férreo poder eclesiástico y a una formación familiar machista, supersticiosa y llena de prejuicios.
El dogma y la cerrazón les impiden ver que, a pesar de los esfuerzos que por años se han llevado a cabo en el ámbito público y privado, el 7.3% del total de los casos de muerte materna en México se debe a la práctica de abortos clandestinos.
Los datos duros, les guste o no, arrojan que las mujeres en el país siguen abortando y el hecho de que se trate de un acto penado por la ley, no ha disminuido su incidencia.
Vale la pena destacar que, en los últimos doce años, en la Ciudad de México y de acuerdo con cifras oficiales, ni una sola mujer ha muerto por someterse a un proceso de interrucpión del embarazo.
Vayamos entrándole al tema.
Tarde o temprano lo van a tener que hacer.
