Por Valentín Varillas
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la ciudad de Puebla, en el último mes, ha bajado la incidencia delictiva en un 23%.
Se trata de números oficiales obtenidos a través de denuncias ciudadanas presentadas.
Si el indicador es certero o no, en este caso específico no importa, ya que se trata del mismo que se ha utilizado desde que este tipo de mediciones existen.
Esta es la contundente realidad, la que se mide a través de un método cuantitativo que elimina cualquier ambigüedad.
La percepción ciudadana, sin embargo, es demoledoramente contraria.
Los habitantes de la ciudad se sienten absolutamente inermes ante el embate de la delincuencia.
Las historias de auténtico terror que llenan la oferta informativa de los medios poblanos, más las que se manejan en miles de publicaciones a través de las redes sociales, así lo justifican.
Además, la frecuencia de los casos que se comentan en el seno familiar o en el círculo de amigos, en donde invariablemente existe una víctima directa o indirecta de la inseguridad, refuerzan la opinión negativa.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el INEGI, no deja lugar a dudas.
74.8 de los poblanos mayores de 18 años considera que la inseguridad es la principal preocupación que enfrenta en su vida diaria.
Y todavía peor: 80.9% se siente inseguro en el municipio en donde vive.
¿Y entonces?
¿Qué debe hacer el gobierno?
¿Modificar una estrategia de seguridad pública que la frialdad de los indicadores arroja que funciona?
¿Cortar cabezas para calmar a la ciudadanía y estar a la altura de su percepción?
¿Cómo empatar en un tema de altísimo interés social, la percepción con la realidad?
Un caso similar, pero en sentido contrario, tiene que ver con el gobierno federal y el tema de la corrupción.
Transparencia Internacional publicó su Barómetro Global de la Corrupción América Latina y el Caribe 2019 en donde México avanzó de manera importante en el tema de la percepción sobre la corrupción pública.
61% de los connacionales considera que el gobierno lo está haciendo bien.
Se trata del segundo país, de todos los evaluados, cuya población considera como “promisorio” el combate en contra de la corrupción por parte de instancias gubernamentales.
Es evidente que el discurso del presidente López Obrador ha permeado y que la enorme mayoría lo cree a pie juntillas.
Sin embargo, dentro del mismo estudio, existe un dato revelador.
Más allá del tema de la percepción, en el terreno de la realidad, 34% de los mexicanos reconocen que en lo que va del 2019, ya en los tiempos de la 4T, han pagado sobornos, dádivas o moches, a cambio de recibir beneficios, agilizar trámites o servicios públicos.
Somos el segundo país del continente con mayor población víctima de la corrupción, apenas atrás de Venezuela.
Es decir, en el mundo real, la corrupción sigue siendo una de las más sólidas instituciones que existen en el país.
¿Y entonces?
¿Qué debe hacer el gobierno?
¿Dormirse en sus laureles, sosteniendo una política anticorrupción muy bien recibida en términos de opinión pública, pero muy poco efectiva en los hechos?
Otra vez, la disyuntiva de cómo empatar -en otro tema de altísima sensibilidad social- la percepción con la realidad.
No parece haber respuesta, ni solución.
El ejercicio de gobierno en nuestro país conlleva a veces enfrentar complicados acertijos imposibles de descifrar.
Con todo lo que esto implica.
