Por Valentín Varillas
Casi nueve años han “aguantado” los heroicos concesionarios del transporte público poblano, sin un aumento a la tarifa.
En el mismo lapso, los combustibles, el principal insumo que utilizan, se disparó de $8.50 a más de $20 pesos, en promedio, por litro.
A la par, números de la terminal de almacenamiento y despacho de Pemex en Puebla muestran que, en promedio, en este período, los niveles de abasto de combustible a las gasolineras disminuyó cerca de un 25%.
Lo anterior, no se debe a una escasez de energéticos, sino a una baja importante de ventas en los establecimientos ubicados en el estado.
¿Conclusión?
Para resistir la negativa oficial de aumentar el costo del pasaje y no perder millonarias cantidades de dinero, los transportistas poblanos han recurrido en los últimos años al huachicol.
Dueños de gasolineras estratégicamente ubicadas, así como sus trabajadores y despachadores, han sido mudos testigos de cómo las unidades del transporte público cargan clandestinamente combustible a pocos metros de donde ellos están.
Esto último, tolerado y fomentado por las propias autoridades estatales, quienes han evitado el costo político y de imagen al no aprobar una medida que a todas luces resulta antipopular.
Sin duda, algunos poderosos personajes encumbrados en lo más alto de la política y el servicio público fungieron como intermediarios para que este esquema opere sistemáticamente, con precisión de relojero suizo y a la vista de todos.
A plena luz del día y en absoluta impunidad.
Para nadie es un secreto la perversa sociedad que existió entre la élite del poder y las bandas dedicadas al robo y venta de combustible de Pemex.
Datos de la paraestatal, muestran que en los últimos 7 años, el número de tomas clandestinas ha crecido en un 3152% en el estado de Puebla.
Tan solo del 2014 al 2018, el incremento fue del 496%.
Impensable un boom de esta naturaleza sin la complicidad de ciudadanos y autoridades, civiles y militares.
Ahora que será un hecho el aumento a la tarifa, no estaría de más que los dueños de las concesiones se comprometan a dejar de comprarle al huachicol y así contribuir a combatir de frente un delito que ha dejado sangre, muerte y violencia en el estado.
¿Tendrán el valor?
