Por Karina Fernández
Con una reforma al artículo 122 del Código Penal del estado de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta plantea conceder el indulto a presos políticos, indígenas, adultos mayores, enfermos terminales y mujeres que estén presos y que hayan cumplido con los criterios que establece su iniciativa.
En sesión de la comisión Permanente ingresó el oficio SG/016/2019, que fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación de la propuesta de campaña hecha en su momento por el hoy mandatario poblano.
Nora Merino Escamilla, diputada por Encuentro Social, explicó que la iniciativa enmarca ciertos criterios para que los presos sean candidatos a su libertad. Por ejemplo, sólo los adultos mayores a 70 años que hayan cumplido con una cuarta parte de su condena podrían gozar de su libertad.
“Esto es un tema como bien lo decías, de indulto, habla de varios puntos en específico: indulto a presos políticos, indígenas que están en la cárcel, a adultos mayores de 70 años que hayan cumplido una cuarta parte de su condena, y mujeres presas con condenas menores a los cinco años”, abundó.
También plantea la liberación de indígenas a quienes se hayan violentado sus derechos humanos al ingreso, tras un análisis a los usos y costumbres de sus lugares de origen; a enfermos en condición terminal y a mujeres cuyas condenas sean menor a cinco años, incluyendo a presas por la interrupción del embarazo.
La propuesta no considera a las personas privadas de su libertad a las que no se les ha fijado sentencia. Dijo que es un asunto en particular que el gobernador Miguel Barbosa se comprometió a atender directamente con el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
En campaña, Barbosa reveló que había de 70 a 100 casos de personas encarceladas por motivos políticos, hacia quienes tendría alcance su propuesta de reforma. Merino Escamilla no descartó la presentación de leyes complementarias para impedir el encarcelamiento de personas por causas políticas.
El Código Penal vigente establece que el Ejecutivo podrá conceder el indulto a quienes hayan prestado importantes servicios a la Nación o al Estado.
También a quienes sean merecedores por razones humanitarias o sociales y que hayan observado buena conducta durante su reclusión, y quienes, por el delito por el que se les condenó, no sea calificado como grave.
