Por Karina Fernández
El emecista Carlos Morales Álvarez, que en 2018 acompañó a la coalición que abanderó a Martha Erika Alonso para la gubernatura de Puebla, defendió que en términos legales, tras la muerte de la panista, se extinguen sus obligaciones y posibles responsabilidades en relación a la venta de menores desde el Sistema DIF que reveló el gobernador Miguel Barbosa.
La ex gobernadora estuvo al frente del Sistema Estatal DIF durante el sexenio de Rafael Moreno Valle (2011-2018), no obstante el diputado local puntualizó que el mandatario poblano no ha detallado en qué administración se presentaron los casos.
En este sentido dejó en claro que aunque la panista no podrá defenderse, la Secretaría de la Función Pública como otras autoridades incluso de orden federal tendrán que investigar las faltas administrativas e ilícitas que se hayan cometido al interior del organismo.
“No he leído que se ataque directamente a la ex gobernadora, sin embargo vale la pena comentar que ella al fallecer se extinguen sus obligaciones y creo que ahí se debe guardar respeto toda vez que es una persona que ya no se puede defender”, expuso.
El legislador por Movimiento Ciudadano convocó a los ciudadanos que tengan información relacionada con las irregularidades cometidas al interior del organismo a que presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado para que se emprendan las investigaciones correspondientes.
Dejó en claro que en tanto no haya responsables directos se debe aplicar el principio de presunción de inocencia para quienes hayan colaborado con las pasadas administraciones en dicha institución pública.
Cabe señalar que aún con los reclamos de panistas sobre dicha situación, Barbosa Huerta aclaró que las investigaciones no se frenarán aunque la información final se dará a conocer cuando se haya concluido la revisión de los expedientes abiertos.
