Por Jesús Manuel Hernández
Cuando el DIF poblano firmó el convenio con el gobierno de Melquíades Morales Flores para crear el Fideicomiso Casa de Ángeles, 2002, existía una visión humanista de la atención a los niños y niñas menores de 18 años, se buscaba entonces atenderlos con terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje y se crearon casas específicas para atender los problemas de quienes estaban huérfanos o con algún padecimiento.
Pero a la llegada del morenovallismo, con su doctrina economicista los objetivos cambiaron y el modo de operar de los centros integrados al DIF estatal se perdieron.
Muchos reportes acerca del mal trato y el abuso a menores fueron recibidos por los encargados. Incluso la ausencia de higiene y las enfermedades contagiosas. Tan sólo en menos de seis meses hubo 18 muertos por varicela.
Los documentos revelados no alcanzaron a ver la luz pública, menos las fotografías que mostraban los escenarios donde vivían los menores; los espacios de Casa de Ángeles pasaron a una especia de campo de concentración donde los responsables ocultaban la realidad y ganaban dinero, además.
Los horrores del DIF fueron contagiándose y los directivos se convirtieron en celadores de una cárcel infantil disfrazada de centro de atención a problemas de retraso yalteración psicológica.
Los reportes describían cómo uno de los encargados de mantenimiento llegaba ebrio a su trabajo y golpeaba a los menores; una de las enfermeras también usaba los golpes para meter el orden, maltrataba a los pequeños y “contrataba” a los más grandes para hacer la higiene a sus compañeros a cambio de 1 peso, cuando era su deber hacer la tarea.
Existían castigos físicos, era aceptado el uso de correas de cuero, cinta canela, retazos de tela, para amarrar a los niños y niñas a los muebles, o a su cama.
Quienes reincidían en alguna desobediencia, eran amarrados por tiempo indefinido a su cama o llevados al llamado “cuarto de seguridad” donde desayunaban, comían y cenaban sólo frijoles.
Existían abusos sexuales entre los internos, se registraban muertes que nadie reportaba.
La ropa que recibían de donativos exteriores era almacenada en la bodega, no llegaba a los niños, pues se ponía a la venta en mercados populares.
Los espacios que habitaban los internos estaban llenos de ratones, alacranes, había plagas de chinches y garrapatas.
Los casos de los niños que podían salir a trabajar, debido a que su estado de salud no necesitaba del internado, eran explotados laboralmente.
En fin, una larga lista de irregularidades rodeó la Casa de Ángeles, dependiente del DIF estatal, ese, que según el gobernador Migue Barbosa servía de tapadera de venta de niños disfrazada de adopción.
Hubo en su momento investigaciones sobre tráfico de órganos de niños que morían sin razones aparentemente demostrables, pero nada prosperó.
Desde hace algunos años alumnos y profesores de la Michigan School of Social Work, MSU, vienen de visita a varias instituciones que atienden a niños discapacitados mentalmente, en todas las visitas las puertas de Casa de Ángeles estaban abiertas para permitir que vieran los avances. Pero desde la llegada del morenovallismo las visitas estaban condicionadas a un horario y al impedimento de entrar con teléfonos o cámaras de video, y se negaba el acceso a ciertas partes de la casa.
¿Responsables? Claro que los hay, existen listas de funcionarios, encargados, que trascendieron entre 2001 y 2018 en esas funciones.
Por lo escuchado el gobernador tiene la voluntad de corregir los errores que costaron vidas de infantes y maltrato a sus condiciones de convivencia, sin que nadie, absolutamente nadie metiera la mano en el pasado por los derechos de esos menores.
O por lo menos, así me lo parece.
