Por Valentín Varillas
Si el gobernador Barbosa quiere llegar al fondo de los turbios manejos financieros que se llevaron a cabo en los ocho años de gobiernos emanados del PAN y de paso contar con recursos frescos que pudieran abonar a un buen inicio de administración, deberá maximizar las magníficas relaciones que tiene con las más altas esferas del gobierno federal y presionar para que se abran los fideicomisos que involucran a Puebla.
Hay, por cierto, un destacado poblano -experto en el manejo de las finanzas públicas nacionales- que en una privadísima reunión con el presidente López Obrador, le hizo esta recomendación en aras de enfrentar las necesidades presupuestales del inicio de su sexenio, sin tener que sacrificar el gasto público.
El dinero potencialmente recuperable de estos esquemas, puede alcanzar para esto y más, en ambos niveles de gobierno y de paso, servir como materia prima para llamar a cuentas a quienes, a través de estos mecanismos, saquearon al erario.
De ahí el valor de la estrategia.
Llevarla a cabo, sin embargo, supondría enfrentarse a importantes personajes de la política y el servicio público, actuales y del pasado reciente.
Según datos del Centro de Análisis e Investigación Fundar, en México existen 337 fideicomisos públicos a nivel federal, sin estructura administrativa y que tienen un capital disponible de más de 772 mil millones de pesos.
Según este centro, únicamente 19 tienen una estructura “que permite su fiscalización y seguimiento”.
Y agrega:
“…al 31 de diciembre de 2017, al menos 139 de los fideicomisos con recursos públicos están constituidos en instituciones financieras privadas, por lo que más de 69 mil mdp son imposibles de fiscalizar, ya que su información está protegida por el secreto fiduciario y el principio de confidencialidad”.
En su reporte “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”, Fundar demuestra cómo, históricamente, este mecanismo ha sido utilizado con absoluta opacidad, a pesar de las cantidades millonarias de recursos públicos que manejan y cómo el legislativo federal ha sido cómplice al aprobar sobre-ejercicios presupuestales con los que se fondean.
“… desde 2013 se han registrado sobreejercicios importantes en los recursos destinados a Fideicomisos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para 2017 el monto aprobado fue de 42 mil 737 mdp y al cierre del año se ejercieron 310 mil 637 mdp, lo que significa que se gastaron 267 mil 900 mdp más de lo aprobado por el Congreso sin ninguna explicación”.
El poder recuperar parte del dinero que discrecionalmente se maneja a través de los fideicomisos, en este contexto, se vuelve fundamental.
Dos cosas importantes se necesitan para que lo anterior camine:
Echar mano de un auténtico experto en el tema, con el conocimiento y las relaciones necesarias para que pueda darle vuelta a cualquier potencial candado jurídico que intente impedir la apertura de los fideicomisos.
Además, una voluntad férrea, a prueba de todo, para ser implacable en el deslinde de las responsabilidades que se generen a partir de la aplicación de esta medida.
Caiga quien caiga y hasta donde dé.
