Niega Lorenzo Rivera estar implicado en la Estafa Maestra

Por Karina Fernández

 

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Lorenzo Rivera Sosa negó estar implicado en la Estafa Maestra de la cual la ex secretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga es presuntamente responsable y fue vinculada a un proceso penal.

Como ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el líder partidista dijo estar tranquilo y dispuesto a presentarse ante las autoridades de ser requerido en el desahogo de las investigaciones.

“Estoy tranquilo porque todo se hizo de manera transparente. Las acciones que me tocó llevar encabezando un gran número de programas tanto en Sedatu como en Sedesol y donde tengo la tranquilidad de que nada va a suceder. Podrá haber señalamientos o inicio de investigaciones y tendré la posibilidad de demostrar que todo, bajo mi responsabilidad se hizo bien, de manera transparente, así que no tengo nada qué temer”, sostuvo.

De las presuntas irregularidades cometidas por la ex funcionaria federal de quien Juan Calor Lastiri Quiros fue cercano al haber sido subsecretario de la Sedatu, el priista dejó en claro que los implicados en la transferencia ilícita de recursos públicos tendrán que hacerse responsable de sus actos y responder por ellos ante la justicia.

Confió en que el partido asumirá una postura institucional en el desahogo del proceso legal en curso y vigilará que no se trate de una persecución política contra ex funcionarios para que el nuevo gobierno federal recupere empatía por parte de los ciudadanos.

 

“Estaremos atentos a saber cuál es el dictamen final. En el PRI estamos a favor de la transparencia y en contra de la corrupción y creemos que militantes como actores políticos son responsables de sus acciones”, defendió.

Priistas poblanos como Lorenzo Rivera, Juan Carlos Lastiri , Juan Manuel Vega Rayet y Juan Manuel López Arroyo se desempeñaron como delegados de la Sedesol y Sedatu desde donde se habrían desviado más de 300 millones de dólares de recursos públicos.

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