Por Jesús Manuel Hernández
El 9 de julio se cumplieron 5 años de la puesta en práctica de la llamada #LeyBala aprobada por la LIX Legislatura del Congreso del Estado, un espinoso asunto que dejó mal parado al morenovallismo en todo su esplendor.
La muerte del joven José Luis Tehuatlíe Tamayo ha quedado impune y los responsables, salvo dos casos, gozan de cabal salud pública, o sea, política.
La referencia de los hechos es de la legislatura anterior donde las Juntas Auxiliares dejaron de tener el registro civil de sus vecinos. La iniciativa fue presentada por los legisladores Mario Riestra Piña y votada a favor por Héctor Alonso Granados, Edgar Salomón Escorza, Hugo Alejo Domínguez, Ricardo Urzúa Rivera, Ana María Jiménez Ortiz, José Guillermo Aréchiga Santamaría, José Juan Espinoza Torres, Alejandro Oaxaca Carreón.
La decisión de estos diputados recibió la protesta de algunas Juntas Auxiliares, como fue el caso de Chalchihuapan, donde el pueblo se levantó en contra de la decisión y se atrevió a bloquear la Vía Atlixcáyotl con piedras y palos.
Pero fue la LIX legislatura la que aprobó por 35 votos a favor y seis en contra la llamada Ley Bala, presentada por Rafael Moreno Valle, Luis Maldonado Venegas, Facundo Rosas y Víctor Carrancá.
Corresponsables de la autorización de la ley fueron: José Domingo Esquitín Lastiri, Carlos Martínez Amador, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Cupertino Alejo Domínguez, Manuel Pozos Cruz, Corona Salazar Álvarez, José Gaudencio Víctor León Castañeda, Sergio Moreno Valle German, María Sara Camelia Chilaca Martínez, Carolina Beauregard Martínez, Pablo Montiel Solana, Susana del Carmen Riestra Piña, Francisco “Franco” Rodríguez Álvarez, Manuel Herrera Rojas, Bernardo Arrubarrena García, Francisco Javier Jiménez Huerta, Mario Rincón González, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Ignacio Mier Bañuelos, José Germán Jiménez García, Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, María Evelia Rodríguez García, María del Rocío Aguilar Nava, José Pedro Antolín Flores Valerio, Rosalío Zanatta Vidaurri, José Chedraui Budib, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Maritza Marín Marcelo, Leobardo Soto Martínez, Silvia Tanús Osorio, María del Socorro Quezada Tiempo, Julián Rendón Tapia, Cirilo Salas Hernández, José Ángel Pérez García, Carlos Daniel Hernández Olivares, Juan Carlos Natale López y Marco Antonio Rodríguez Acosta, sobre ellos pesa una culpa histórica.
Votaron en contra solamente: Julián Peña Hidalgo, Geraldine González, Ignacio Alvízar, Mariano Hernández Reyes y Lizeth Sánchez García.
El 9 de Julio de 2014 los habitantes de Chalchihuapan tomaron la Atlixcáyotl y el Secretario de Seguridad Facundo Rosas recibió la orden del gobernador Moreno Valle de dar “castigo ejemplar” a quienes había interrumpido el paso de vehículos en la transitada autopista.
Y los policías actuaron con balas de goma contra palos y piedras. El resultado fue que los habitantes corrieron alejados por gases lacrimógenos y balas de goma, hubo varios lesionados, entre ellos el joven José Luis que regresaba de la escuela de la mano de su familiar. La bala de goma perdida le dio en la cabeza, le destrozó el cerebro y poco después moriría.
En aquél momento el doctor Juan Carlos Benito Torres del Hospital General del Sur declaró que la lesión había sido provocada por un cohetón. Horas después empezaron a circular copias de las tomografías practicadas a José Luis donde se apreciaba claramente el orificio dejado por la bala de goma mientras se seguía ocultando el estado de gravedad del joven.
Moreno Valle declaró sobre el incidente: “Cero tolerancia a bloqueos” y luego fue a la inauguración de un restaurante en la zona de Angelópolis, acompañado de parte de su gabinete para demostrar que Puebla estaba en paz. Y los presidentes de cámaras empresariales, callaron, los legisladores se abstuvieron, las universidades, salvo la Ibero y Fernando Fernández Fons, protestaron.
Pasados los días se iniciaron las averiguaciones para deslindar la responsabilidad de los policías y quienes les ordenaron disparar contra los pobladores de Chalchihuapan. Fue en ese escenario donde apareció Luis Maldonado Venegas al lado de Víctor Carrancá para declarar que “una piedra de gran calibre”, había dado en la cabeza de Tehuatlíe. La versión fue filtrada a muchos medios nacionales, se hizo una amplia cobertura para señalar que la piedra había sido arrojada por los propios manifestantes.
Incluso Juan Pablo Piña Kurczyn, hijo del exgobernador se atrevió a mostrar en cabezas de cerdos el impacto de una bala de goma y un cohetón, para reforzar la tesis de Luis Maldonado.
A la madre, Elia Tamayo, le ofrecieron dinero a cambio del perdón, algunos de sus defensores fueron detenidos, el tema acabó con una de las más grandes marchas en protesta por la actuación de Rafael Moreno Valle y sus funcionarios de seguridad.
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla actuó en conformidad con el morenovallismo, la nacional, dejó algunos puntos a descubierto, pero al final no hubo culpables que pagaran por el crimen.
Doce mil páginas integraron el expediente de Chalchihuapan, pero las relaciones políticas de Moreno valle impidieron actuar en consecuencia de los derechos humanos.
José Luis Tehuatlíe y su madre Elia Tamayo se convirtieron así en el símbolo de la defensa de los derechos humanos en Puebla, y en la imagen de las víctimas de la fuerza y el autoritarismo de un gobierno.
Dos personajes centrales de esta tragedia han muerto, Rafael Moreno Valle y Luis Maldonado, pero hay otros que siguen vivos y algunos incluso aspirando a regresar al poder.
Al cumplirse cinco años de la tragedia la señora Elia Tamayo le ha pedido al gobernador electo Miguel Barbosa que cuando asuma el cargo reabra el caso y se de castigo ejemplar a los responsables que fueron amparados en la impunidad del morenovallismo.
Bien haría el gobernador Barbosa en levantar polvos de viejos lodos.
O por lo menos, así me lo parece.
